José Luis Rodríguez Zapatero decidió cambiar de disfraz el pasado lunes para su entrevista en TVE. El líder socialista se quitó su habitual traje de político irónico, prepotente y fanfarrón –el que luce en el Congreso- para vestirse con el de corderito arrepentido por sus errores y solidario con aquellos que lo están pasando mal en estos tiempos. Que lo están pasando mal por su culpa, claro está.

Zapatero reconoció -por primera vez en varios años- que no supo “prever la magnitud de la crisis económica”. Eso sí, se le olvidó comentar que hasta hace poco tiempo ni siquiera creía que España fuese a sufrir una crisis de ningún tipo, a pesar de las advertencias de los expertos e incluso de la oposición. Afortunadamente para él nadie le preguntó por ese monumental error, por lo que no tuvo que entrar en materia. Es lo que tiene que te entrevisten en casa.

A pesar del sucinto ‘mea culpa’ del jefe del Ejecutivo, éste no dudó en escudarse en el hecho de que España está “a las puertas de volver a crecer”. Es más, lo dijo como si la tendencia fuera fruto de sus gestiones y las de su equipo. Hay que ser caradura –por no acudir a otros términos- para que, después de haber pasado lo peor de la crisis sin hacer nada, al presidente se le ocurra apuntar a la futura recuperación del país como un aspecto positivo de su mandato. Ésta llegará, no hay duda. España remontará el vuelo. Pero lo hará a remolque del resto de países y del trabajo de los españoles, no de las acciones –inexistentes por otro lado- de un Gobierno que ha demostrado con creces su incapacidad para afrontar situaciones complicadas, especialmente en los ámbitos de la economía y la política internacional. A ellos lo que se les ha dado bien es gastar dinero público en campañas para que los hombres pongan la mesa, donar fondos para estudiar la excitación del clítoris, retirar estatuas de muertos de las calles y permitir que se multe a los españoles por expresarse en el idioma oficial del Estado. Una gran labor de un Gobierno para olvidar.

Por si fuera poco, el todavía ocupante de la Moncloa declaró sentirse “responsable de todos los que han perdido su empleo”. Y por supuesto que lo es. Lástima que el vallisoletano lo dijera más en un sentido general que en el estrictamente literal. Probablemente él todavía no se crea que sea así.

El vago ‘mea culpa’ de Zapatero puede servir para una única cosa: que los españoles entendamos por fin que elegimos en las urnas a un presidente que no estaba -ni está- preparado para gobernar en tiempos difíciles. Porque en cuanto al paro, la economía o incluso los conflictos internacionales con países como Venezuela, su disculpa no arregla nada de nada. Y así, como quien no quiere la cosa, van pasando los días.

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Resulta bochornoso pensar que nuestro país sea percibido en el exterior como un auténtico paraíso para los amantes de la ilegalidad. Pero según pasan los años vemos nuevos casos, cada vez más indignantes, que evidencian nuestra triste realidad. Si una persona quiere delinquir, lo inteligente por su parte es hacerlo en España. Y si –por esos avatares del destino- dicha persona es detenida y sentenciada a cumplir condena, nada más adecuado que la tierra de Cervantes para pasar el mal trago. Al fin y al cabo, estando aquí, ni siquiera será tan malo.

Eso debe pensar el primer preso de Guantánamo que va a acoger España. Es un joven palestino que fue detenido tiempo atrás como sospechoso de terrorismo. Ahora tendrá un permiso legal de residencia en el territorio español. No tiene causa penal abierta en Estados Unidos, lo cual debe suponer algo así como una garantía de buena voluntad para nuestro Ministerio del Interior. Tan segura ven su adaptación Rubalcaba y compañía que este ex-recluso, proveniente de uno de los centros de detención más seguros del mundo, podrá trabajar y desplazarse libremente entre todos los españoles gracias a un permiso de residencia concedido por “razones humanitarias”. Eso sí, no podrá salir de España. Algo cuanto menos llamativo en una Unión Europea donde hace ya muchos años que no hay aduanas, y los pasos fronterizos son prácticamente incontrolables.

Pero éste es sólo un caso, el último que ha aparecido en los medios. Hay muchos más en el día a día de nuestra nación. Por ejemplo la inmigración ilegal, que es otra de esas facetas de nuestro Gobierno que nadie comprende. Si una persona entra ilegalmente en casi cualquier país del mundo, es detenida y devuelta al país de origen. Es más, si el país de destino está en Oriente Próximo, en Corea, en Cuba, o en China, por ejemplo, es muy posible que esa persona no vuelva a ver la luz del día. Si sucede en España, sin embargo, el ilegal puede recibir un permiso de trabajo además de gozar de atención sanitaria y beneficios múltiples. Y no olvidemos que, dejando de lado el factor “solidario”, se trata de una persona que ha infringido la ley. Y si está escrita, es para cumplirla.

La transigencia de nuestra Justicia es tal que libera a violentos como el agresor de Ernesto Neira –que bien pudo haber muerto- o a asesinos confesos como Farruquito o “el Rafita”. Tenemos un sistema que permite que los políticos sigan llenándose los bolsillos a costa de los ciudadanos. Que facilita que los terroristas salgan de la cárcel por “buena conducta”. O que deja que se tome el pelo a todo el pueblo español mediante una huelga de hambre. Deprimente, lamentable. Y triste, muy triste.

Por ello no es de extrañar que el Gobierno español vaya a aceptar hasta cinco de estos reclusos, considerados hasta hace apenas unos meses como los más peligrosos del planeta, y les permita residir entre nosotros. Al fin y al cabo, ¿dónde mejor que aquí para que puedan vivir en paz?

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Un Gobierno de concentración en el que las carteras económicas recaigan en el Partido Popular. Es lo que Esperanza Aguirre pretende que se plantee José Luis Rodríguez Zapatero como solución a la crisis: gobernar con el PP. Casi nada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha aventurado incluso a dar los nombres de posibles candidatos para la valoración del líder socialista. Cristóbal Montoro sería, según ella, el hombre ideal para asumir la Cartera de Economía, mientras que Javier Arenas podría ejercer como ministro de Trabajo, cargo que ya ocupó con José María Aznar. Parece que Aguirre ya lo tiene todo resuelto. Si el Ejecutivo le hace caso, España saldrá de la situación actual en un abrir y cerrar de ojos. ¡Que viva Esperanza!

No es que la posibilidad de un Gobierno conjunto sea mala para España. En realidad, podría ser algo fantástico. Pero como se antoja absolutamente imposible, parece absurdo que el PP pierda tiempo con ofrecimientos de este estilo. El Partido Socialista nunca aceptará dicha propuesta, por beneficiosa que ésta pudiera ser para España. De estar en el lugar opuesto, tampoco el PP lo haría.

Visto desde el punto de vista de los ciudadanos, que son los que votan, podría ser un hito para la democracia española: los dos partidos mayoritarios, juntos contra la crisis y por España. Algo similar a la coalición de Patxi López en el País Vasco, pero con más implicación si cabe desde ambas partes. Pero no ocurrirá. Así que mejor ir olvidándolo para no empezar a soñar despiertos. Eso ya lo hace Espe por nosotros.

Desde el PSOE han contestado –a su manera- a esta propuesta. Su secretaria de Organización, Leire Pajín, ha asegurado que Aguirre “tiene un problema” porque dice cosas que perjudican a su partido “medio en broma, medio en serio y con micrófonos abiertos”. Otra más de esas indirectas que tanto utiliza el Gobierno en los últimos tiempos, fruto de la aplicación del sarcasmo como única defensa posible para un partido desorientado y superado por los acontecimientos.

En definitiva, está claro que la idea de Esperanza no prosperará, porque implicaría la aceptación por parte del PSOE de su incapacidad para gobernar. No obstante, parece claro que algo hay que hacer. Llevamos ya años inmersos en la crisis, y de momento el Gobierno de Zapatero sigue proponiendo “pactos” que no llevan a ninguna parte. Bueno sí: llevan a perder tiempo. Como dice Rajoy, “a esperar que escampe”. Y de paso ver si desde fuera nos sacan del hoyo.

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La Ministra de Igualdad parece haber perdido definitivamente el norte. Se veía venir, pero nadie hizo nada por impedirlo y ahora es ya demasiado tarde. Bibiana Aído se ha olvidado de su cometido en el Gobierno de España y se ha dedicado a conceder subvenciones que, con el debido respeto para sus receptores, son a todas luces un derroche indecente de fondos públicos en un momento en el que España no está, precisamente, para ir por ahí malgastando el dinero.

El Boletín Oficial del Estado publica esta semana una lista de las últimas ayudas concedidas por su Ministerio, cuyo montante asciende a nada menos que 845.000 euros (más de 140 millones de las antiguas pesetas). Las subvenciones se repartieron en 22 proyectos de “investigación relacionada con estudios feministas, de las mujeres y del género”. Y -vaya sorpresa- 21 de los generosos cheques fueron a parar precisamente a manos de féminas, mientras que sólo un varón fue considerado digno de la ayuda gubernamental.

Si sospechoso es el reparto (especialmente para un Ministerio que se autodenomina de “Igualdad”) más llamativa es la temática de los proyectos subvencionados. Aído concede 26.000 euros a una investigación para elaborar un “mapa de excitación sexual del clítoris y los labios menores”. Sí, han leído bien. No hace falta que suban una línea.

Con ese dinero dos familias completas, de las miles que se han quedado sin ningún ingreso en todo el país, harían virguerías para llegar a fin de mes. Pero en lugar de ello, en unos meses podremos saber cómo se excita de forma correcta un clítoris. Algo fundamental sin lo cual no podemos vivir. Seguro que eso nos saca de la crisis y además crea puestos de trabajo. Gracias, Bibiana.

Otra de las investigaciones que llama la atención es la centrada en las “esclavas negro-africanas y españolas abolicionistas de los siglos XVI al XIX”. Puede ser un tema digno de estudio, por qué no. Cada uno estudia lo que quiere. Pero cuando el Gobierno concede casi 23.000 euros para ello –con la que está cayendo- parece un auténtico despilfarro. Incoherente con la realidad española, inútil para combatir los problemas de la sociedad actual y concedido totalmente a destiempo.

Aído, como la práctica totalidad (alguno se salva) del equipo de Zapatero, no sabe qué hacer con la Cartera que le han dado. Improvisa a diario y, como nadie le dice nada, va aumentando el calibre de sus barbaridades. Descabelladas decisiones que, además, nos cuestan dinero a todos los españoles. La última, la de estas subvenciones. Hay que joderse con el clítoris de Bibiana.

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Los últimos bandazos dados por el PSOE en torno a la reforma laboral han dejado en evidencia por enésima vez las carencias en la planificación de un Gobierno que, cada vez, convence a menos personas. Hay quien habla incluso de una hipotética moción de censura, una posibilidad para la que todavía no se han sentado las bases adecuadas. Es necesaria, por ejemplo, la convicción popular de que existe una alternativa de garantías al Ejecutivo vigente. Algo que el PP, a pesar del panorama de descontento actual en la sociedad española, ha sido incapaz de conseguir.

Lo que parece claro es que José Luis Rodríguez Zapatero y los suyos deciden los designios del país dependiendo de cómo se despiertan cada mañana. Un día suben la edad de jubilación, al siguiente quieren abaratar el despido, luego deciden subir los impuestos, y según como respire la calle hacen, deshacen y rectifican acordemente. Lamentable. Triste, muy triste. Y, sobre todo, poco esperanzador.

Que un ministro salga a la palestra para entonar el “mea culpa”, aclarar comentarios de días anteriores, aceptar errores, matizar proyectos mal recibidos por la opinión pública y contradecir lo que ha declarado otro miembro del gabinete del presidente sólo unos minutos antes es algo cotidiano en la política de España. Pocos se sorprenden y, lo que es peor, a nadie parece ya importarle demasiado. Otros países habrían tenido elecciones anticipadas hace tiempo, al constatar repetidamente la ineficacia de sus máximos mandatarios. Pero Spain is different. Aquí es como si todos estuviéramos esperando que Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra y el resto de países punteros del mundo “tirasen” de nosotros y, con el tiempo, nos sacasen del agujero en que nos han metido nuestros propios líderes.

Con la improvisación de Zapatero, todos perdemos. Empezando por él mismo y por su partido, que no había sido tan poco valorado desde su acceso al poder hace seis años. España va mal. Cada día peor. Son ya más de cuatro millones los parados (y subiendo). No se han tomado medidas efectivas para afrontar la crisis, y eso que llevamos varios años inmersos en ella. No se llega a una reforma laboral consensuada porque el ministro de trabajo sale cada día de su despacho con una propuesta distinta. Así no vamos a ninguna parte. No hay reacción, y estamos ya a la cola de Europa en la mayoría de las previsiones de recuperación. Pero Zapatero sigue improvisando. A ver si tenemos suerte y, en una de éstas, acierta en algo.

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El Congreso de Colombia ha dejado vía libre a su presidente Álvaro Uribe para que acceda a una hipotética segunda reelección el próximo año. La propuesta fue aprobada por mayoría absoluta y ahora pasará a la Corte Constitucional, que tendrá que decidir si el mandatario puede aspirar por tercera vez consecutiva –mediante plebiscito- a presidir el ejecutivo del país. En caso afirmativo, la Registraduría Nacional (órgano responsable de la organización electoral) preparará un referéndum en el que se preguntará a los colombianos si desean una segunda reelección de Uribe o no.

Los partidarios del actual jefe de gobierno se felicitaban tras conocerse el resultado de la votación de la Cámara de Representantes. Y eso que ni siquiera el propio presidente ha expresado su voluntad de ser reelegido en los próximos comicios. Al menos, no públicamente. Pero a falta de que el de Medellín confirme dicha intención, lo que parece bastante claro es que cuenta con el apoyo popular para poder hacerlo.

No es para menos. Los colombianos eligieron a Álvaro Uribe para recuperar la seguridad en el país a toda costa y utilizando la fuerza en caso necesario, cansados ya del frustrado proceso de paz con la guerrilla. El entonces candidato prometió emplear mano de hierro contra las FARC, y es innegable que ha sido fiel al compromiso. La llamada seguridad democrática ha sido el eje de su política desde su primera legislatura y la causa principal de sus altos índices de popularidad.

Sin embargo, a pesar de meter en las selvas a decenas de miles de militares y completar operaciones de gran importancia (como la liberación de la secuestrada Ingrid Betancourt) el problema de la guerrilla continúa sin agotarse. Éste es uno de los motivos por los que muchos ciudadanos de Colombia ven necesario extender la permanencia de Uribe en el poder: para que termine lo que empezó.

Lo que está claro es que la seguridad ciudadana ha aumentado de forma radical bajo su mando. Según datos del Ministerio de Defensa, sólo en los primeros 5 años los homicidios se redujeron en un 40 por ciento; las tomas de poblaciones, en un 80; los falsos controles de carreteras (donde se producen los raptos por la guerrilla) en un 90 por ciento; las masacres, en un 60; y los secuestros, en un 70 por ciento. Cifras que no dejan lugar a dudas sobre el efecto de su gobierno en el día a día del país.

Ahora queda la parte más difícil, ya que será cuando los partidarios de la reelección encuentren la oposición más férrea, tanto dentro como fuera del país. Existen muchos intereses a ambos lados de las fronteras para que Uribe no continúe al frente del gobierno de Colombia. Afortunadamente, desde el norte también los hay para que prosiga su lucha. Esperemos que todo salga bien. Y, claro, que ganen los buenos.

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El Congreso de Colombia ha dejado vía libre a su presidente Álvaro Uribe para que acceda a una hipotética segunda reelección el próximo año. La propuesta fue aprobada por mayoría absoluta y ahora pasará a la Corte Constitucional, que tendrá que decidir si el mandatario puede aspirar por tercera vez consecutiva –mediante plebiscito- a presidir el ejecutivo del país. En caso afirmativo, la Registraduría Nacional (órgano responsable de la organización electoral) preparará un referéndum en el que se preguntará a los colombianos si desean una segunda reelección de Uribe o no.

Los partidarios del actual jefe de gobierno se felicitaban tras conocerse el resultado de la votación de la Cámara de Representantes. Y eso que ni siquiera el propio presidente ha expresado su voluntad de ser reelegido en los próximos comicios. Al menos, no públicamente. Pero a falta de que el de Medellín confirme dicha intención, lo que parece bastante claro es que cuenta con el apoyo popular para poder hacerlo.

No es para menos. Los colombianos eligieron a Álvaro Uribe para recuperar la seguridad en el país a toda costa y utilizando la fuerza en caso necesario, cansados ya del frustrado proceso de paz con la guerrilla. El entonces candidato prometió emplear mano de hierro contra las FARC, y es innegable que ha sido fiel al compromiso. La llamada seguridad democrática ha sido el eje de su política desde su primera legislatura y la causa principal de sus altos índices de popularidad.

Sin embargo, a pesar de meter en las selvas a decenas de miles de militares y completar operaciones de gran importancia (como la liberación de la secuestrada Ingrid Betancourt) el problema de la guerrilla continúa sin agotarse. Éste es uno de los motivos por los que muchos ciudadanos de Colombia ven necesario extender la permanencia de Uribe en el poder: para que termine lo que empezó.

Lo que está claro es que la seguridad ciudadana ha aumentado de forma radical bajo su mando. Según datos del Ministerio de Defensa, sólo en los primeros 5 años los homicidios se redujeron en un 40 por ciento; las tomas de poblaciones, en un 80; los falsos controles de carreteras (donde se producen los raptos por la guerrilla) en un 90 por ciento; las masacres, en un 60; y los secuestros, en un 70 por ciento. Cifras que no dejan lugar a dudas sobre el efecto de su gobierno en el día a día del país.

Ahora queda la parte más difícil, ya que será cuando los partidarios de la reelección encuentren la oposición más férrea, tanto dentro como fuera del país. Existen muchos intereses a ambos lados de las fronteras para que Uribe no continúe al frente del gobierno de Colombia. Afortunadamente, desde el norte también los hay para que prosiga su lucha. Esperemos que todo salga bien. Y, claro, que ganen los buenos.

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España es uno de los peores países de la OCDE en lo que a buen gobierno y a la lucha contra la corrupción se refiere. Esta dura afirmación es una de las conclusiones que se derivan del informe presentado por el Banco Mundial el pasado lunes. En esta octava edición de los “Indicadores Mundiales de Buen Gobierno” se advierte además que nuestro país ha empeorado en todos los aspectos evaluados, sobre todo en “Efectividad gubernamental”. Un dato, este último, que quizá no sea ya tan sorprendente para la mayoría de los españoles.

El informe considera que la gobernabilidad –que mide el funcionamiento de la burocracia estatal - incluye la forma en la que se “seleccionan, controlan y reemplazan los gobiernos, así como la capacidad de estos para formular e implementar políticas sólidas”. Ahora se entiende todo. La solidez, precisamente, no es una característica aplicable a las vigentes políticas del gobierno español. Ni a las actuales, ni a las del último lustro. Así que con razón salimos tan mal en la foto. A día de hoy, España no está siquiera entre los 40 mejores países en el área de gobernabilidad. De hecho el informe la sitúa en un rango percentil de 80 durante el pasado ejercicio, lo que la coloca por debajo de países en desarrollo como Chile (que, para más inri, nos supera en cinco de las seis categorías existentes).

Menos mal que a Zapatero le trae sin cuidado lo que digan los economistas ajenos a su partido, vengan de donde vengan. Porque, si no, vaya disgusto podría haberse llevado al leer –si es que llega a sus manos- el citado documento. Le habría podido hacer reflexionar sobre la posición actual de la nación que preside. Y la conclusión probablemente no habría sido demasiado esperanzadora. Menos aún en una comparativa internacional.

Eso sí, aún nos queda un consuelo: aunque España esté por debajo de la media de la OCDE, figura por encima de países como Italia. Seguramente tenga que ver con la influencia de la categoría denominada “Control de la corrupción”. Pero tampoco lancemos campanas al vuelo. Incluso en esta sección hay 35 países mejores que nosotros. ¿Acaso les sorprende?

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La estadística es arrolladora: según una encuesta publicada el pasado fin de semana por un diario nacional, el 80 por ciento de los españoles se opone a la eliminación de las deducciones fiscales por adquisición de vivienda anunciada por el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de un tema complejo, porque hay opiniones y datos para todos los gustos. Lo que sí parece claro es que tenemos debate para rato.

Las cifras son para tener en cuenta. Según cálculos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, una vez que se haya agotado el periodo de transición de la norma fiscal -a partir del año 2011- el número de personas que dejarían de beneficiarse de la actual deducción ascendería a más de dos millones y medio. Con la actual legislación, un total de 7 millones de contribuyentes podrían desgravarse la compra de su casa. Y claro, muchos han puesto el grito en el cielo ante esta posibilidad, que afectaría a quienes tengan rentas superiores a los 24,000 euros.

Desde el Partido Socialista la medida se defiende como una herramienta clave para evitar la formación de una nueva burbuja inmobiliaria, ya que según la ministra de Vivienda Beatriz Corredor la supresión de dicha deducción garantizaría la desaparición de un importante factor especulativo. Desde el PP, sin embargo, se califica como un “atentado contra las clases medias” y se está preparando una propuesta de resolución para “mantener y mejorar” la deducción actual que pretende suprimir el Gobierno.

La opción del Ejecutivo podría surgir de la mezcla de ambas ideas. Por un lado, parece coherente pensar que establecer una fecha límite para la compra de viviendas con derecho a desgravación debería –a priori- estimular el movimiento del mercado inmobiliario en los próximos 18 meses. Por otro lado, parece injusto que un ciudadano que compra su casa el 30 de diciembre de 2010 se beneficie de importantes deducciones que no tendrá quien lo haga el 2 de enero de 2011. ¿Qué hacer entonces? Podrían contarnos una mentira. Sí, otra. Pero ésta, por el bien de todos.

Puestos a dar ideas, el Gobierno podría decir que se va a aplicar la eliminación de las deducciones, impulsar la compra de ladrillo y luego suspender la propuesta y cambiarla por una mejora a la hora de desgravar. De ese modo habría un estímulo antes y después del 1 de enero de 2011.

El planteamiento puede parecer descabellado. Y probablemente lo sea. Pero indudablemente tiene “su” sentido. Al fin y al cabo, no sería la primera medida que se propone y luego no se lleva a la práctica. Y los beneficiados serían todos los españoles. Entonces, ¿por qué no?

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Decía Raúl Castro en la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados que Cuba no respondería “con gestos” a Estados Unidos después del levantamiento de las restricciones a los viajes y al envío de remesas a la isla. Y justificaba su actitud porque no es su gobierno el que tiene impuestas sanciones sobre el norteamericano, sino a la inversa. Ahí Castro tiene razón. Es el momento para que esa realidad cambie, de una vez por todas.

El bloqueo sobre el país caribeño iniciado en 1962 ha sido condenado por las Naciones Unidas en innumerables ocasiones, sin resultado alguno. Pero ahora, con la llegada al poder de Barack Obama, muchos han visto un atisbo de esperanza para provocar un cambio en la política de embargo comercial. De momento el nuevo presidente ha dado muestras de su buena voluntad eliminando las limitaciones a los viajes y remesas aplicadas por George W. Bush. Hasta que éstas fueron impuestas, alrededor de 150 mil cubanoamericanos viajaban cada año a Cuba y enviaban casi mil millones de dólares a sus familiares en la isla. Algo que ahora podrá reiniciarse, significando una gran ayuda para la población cubana y un incremento importante de la cantidad de divisas circulando en las calles del país.

Pero ahí no debe acabar la cosa. Es el momento para que Cuba y Estados Unidos encaucen sus relaciones. El instante propicio para terminar con el embargo. No hay que olvidar que la meta del bloqueo durante casi 40 años ha sido presionar al gobierno comunista de Cuba. Y qué duda cabe que la estrategia no ha surtido el efecto deseado.

Es posible que la decisión de abrir las fronteras y permitir el comercio y el movimiento de las inversiones sí logre el objetivo. Entonces habría que estar atento a la reacción del gobierno cubano porque, sin bloqueo, no hay enemigo que justifique la escasez de Cuba. Además, la entrada del pensamiento capitalista sería imposible de atajar. Es decir, el aperturismo estadounidense podría ser el principio del fin del comunismo en la tierra de los Castro, y tanto ellos como el resto de los componentes del Partido Comunista lo saben bien.

De momento, Raúl Castro se ha mostrado dispuesto al diálogo, lo cual es un paso adelante. Se ha propuesto la liberación de presos políticos a cambio de la excarcelación de 5 espías cubanos detenidos en Estados Unidos. Incluso se ha comentado la posibilidad de coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico. Todo ello como muestra de que ambos países quieren sentarse a negociar por primera vez en casi medio siglo. Eso sí, por importante que sea el acercamiento, hay algo que lo es aún más: y es que el resultado de dichas negociaciones puede cambiar la vida de más de once millones de personas. Los cubanos se merecen esa oportunidad.

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