Gaspar Llamazares ha anunciado su dimisión como coordinador general de Izquierda Unida, decisión que formalizará en la Asamblea de la coalición en Asturias, el 25 de octubre. Tras el descalabro electoral de IU en las elecciones generales, el político asturiano ya anticipó que no se presentaría a la reelección. Cuando Llamazares accedió al cargo su formación política tenía nueve diputados y cuando abandona el puesto cuenta con dos. Esa pérdida de escaños justifica, por sí sola, la dimisión. A las derrotas electorales hay que sumar el estado interno de la fuerza política, dividida en tres tendencias, con dos de ellas (PCE y la 'tercera vía') aliadas, dejando en minoría a los seguidores de Llamazares. La convivencia entre los tres sectores debe de ser muy difícil, a juzgar por las palabras del actual coordinador, que presentó su renuncia como un intento para mejorar la «unidad y amabilidad en IU». Es la primera vez que el líder de un partido plantea como objetivo político el logro de una relación amable dentro de la organización. En resumen, el balance podría ser éste: mínima presencia parlamentaria, división interna e incapacidad para el diálogo.

La renuncia de Llamazares es obligada, pero el problema de IU no es Llamazares. Desde mediados de los años noventa del siglo pasado, la trayectoria de Izquierda Unida es declinante. En las elecciones generales de 1996, IU sacó 21 diputados, pero en los comicios del año 2000 pasó a tener nueve. Francisco Frutos dejó la coordinación general de IU por esa pérdida de escaños. En consecuencia, la pobre herencia de Llamazares no puede enderezarse con los seguidores de Frutos (PCE) y el apoyo de la tercera vía. Hace falta una opción superadora de los actuales conflictos que tenga la virtud de poner a IU en sintonía con su antiguo electorado.

El futuro es impredecible y estamos inmersos en una crisis económica de tal hondura que traerá nuevas categorías políticas y sociales. No obstante, la situación de Izquierda Unida es desesperada y será muy difícil que recupere los apoyos perdidos. Una cosa es que siga habiendo un hueco a la izquierda del PSOE y otra que lo ocupe la coalición. La idea de refundar IU sobre viejos dogmas de clase no es digerible por el electorado actual. El rechazo a Izquierda Unida no se deriva de falta de músculo ideológico, sino de la escasa sintonía con la sociedad a la que aspira a representar.

Al parecer, la dirección nacional del PP ha aconsejado a Pilar Fernández Pardo que no se presente como candidata para presidir el PP regional. La diputada y concejala gijonesa es libre de optar a liderar la organización asturiana en el próximo congreso de noviembre, pero el equipo de Mariano Rajoy no secundaría su intento. En un partido serio, en el que la casa se empieza por los cimientos, lo lógico es hacer una consulta discreta con los dirigentes nacionales antes de librar una batalla contra el aparato del partido en la región. En el PP asturiano ha habido demasiadas disputas internas en la última década como para lanzarse a ganar un congreso en contra del criterio de los jefes del partido. A cualquier militante le asiste el derecho a presentar su candidatura para presidir la organización, pero no es prudente ir por libre.

Por su parte, Juan Morales quiere contar con garantías de triunfo para encabezar una alternativa a Ovidio Sánchez. En la política, como en el deporte, para ganar hay que arriesgar, así que no se pueden exigir garantías de éxito porque gran parte del hipotético triunfo nace de la fuerza y convicción con que un candidato salta a la palestra. Para cerrar el círculo, la ex diputada Alicia Castro, otrora muy crítica con Ovidio Sánchez, es posible que ni siquiera acuda al congreso de su partido.

Más de una vez hemos comentado que del congreso regional va a salir ratificado Ovidio Sánchez como presidente. Ha jugado sus bazas con astucia, creando un aparato paralelo en el partido en torno al trío formado por Joaquín Aréstegui, Agustín Iglesias Caunedo y Fernando Goñi, en cuanto vio que el secretario general, René Álvarez Savedra, se había pasado al bando de los disconformes. Ovidio ha mantenido la suerte que siempre le acompaña al optar Mariano Rajoy a la reelección. Continuidad en Madrid y en Asturias. En el PP asturiano, como en todo partido que sufre repetidas derrotas electorales, hay muchos descontentos, pero del cabreo colectivo no sale necesariamente una alternativa. Hace falta dar la cara y visitar las juntas locales con programa y equipo. Nadie ha hecho ese trabajo, porque los posibles dirigentes alterativos han actuado en función de cálculos de interés personal. Falta un mes para el congreso y frente a Ovidio sólo hay un grupo de embozados.

El pasado día 30 de septiembre tuvo lugar la apertura del curso académico en la Universidad de Oviedo. Aunque en todo lo que tiene que ver con las administraciones públicas (incluyo en esta denominación desde ayuntamientos hasta juzgados) la rutina es la nota predominante, cabe decir que en esta ocasión se inicia un curso diferente en el que se tomarán decisiones que marcarán el rumbo de la Universidad para los próximos decenios. Los viejos planes de estudios, con carreras superiores y medias, quedarán definitivamente arrumbados, dando paso a las nuevas denominaciones alumbradas en el Espacio Europeo de Educación Superior.
En este otoño, la Universidad de Oviedo, como otras muchas españolas, va a dar un salto en el vacío, cambiando todo, desde las asignaturas hasta las aulas pasando por los métodos de enseñanza. No creo que ninguna de las instituciones universitarias españolas se encuentre preparada para ello, pero como es un mandato nacido en Bolonia -la decana de las instituciones universitarias-, se encara con optimismo.
Si alguien piensa un minuto, sin prejuicios, convendrá que un ingeniero industrial o un médico pueden trabajar en otros países sin mayores trabas. Quiero decir que para perfeccionar las homologaciones académicas no hacía falta un experimento tan arriesgado.
Lo que ahora se propone es hacer una pirueta sin red que por la parte española se ha asumido con el mayor de los desparpajos, poniendo la casa patas arriba para abrazar el mandato de Bolonia. La adaptación española al Espacio Europeo de Educación Superior es una copia del modelo anglosajón, que funciona siempre que se cuente con muchos medios, entre ellos una ratio, profesor/alumno, distinta a la que hay en la mayor parte de las universidades españolas. No especulemos más, el asunto no tiene remedio, y en este otoño hay que decidir nombre y programa de los nuevos títulos: grados y postgrados.
Batallas políticas
¿Y cómo llega la Universidad de Oviedo al umbral del cambio? En el año 1995 se realizó la transferencia de las competencias desde el Estado al Principado. La falta de experiencia convirtió el traspaso en un fracaso al no incluir la lista de profesores asociados en el paquete financiero que acompañó a la transferencia. La Universidad de Oviedo pasó a manos autonómicas con déficit.
El encaje de la Universidad de Oviedo en el formato autonómico fue muy particular, porque en seguida quedaron fijadas las reglas del juego: la institución académica al ataque y el Principado a la defensiva. En contra de lo que pudiera pensarse, los rectores no jugaron un papel estrictamente académico, sino abiertamente político, y sorprendieron a los gobiernos regionales por donde menos lo esperaban.
El nuevo campus de Mieres, negociado por los líderes sindicales de la minería con el rector Julio Rodríguez, dejó al presidente Marqués fuera de juego. Una inversión de más de 120 millones de euros, buque insignia del primer programa de fondos mineros, se materializó contra la opinión del Principado. La Universidad tomaba la iniciativa y se convertía en eje de la batalla política.
Con Álvarez Areces de presidente y Juan Vázquez de rector las tensiones entre Principado y Universidad de Oviedo no decayeron, aunque fueron más soterradas. El Principado asumió el saneamiento económico del 'alma mater', pero desde el rectorado no se dejaron de hacer demandas. Es curioso que el déficit económico se enjugara por la vía de las mayores aportaciones del Principado sin que se ensayara una reducción de gastos por parte de la institución académica.
Las batallas políticas y los déficit económicos tienen cierta importancia, pero la verdadera secuela del proceso vivido es la falta de control de la Universidad de Oviedo por parte del Principado. Hasta la fecha, el Gobierno regional se ha limitado a pagar las facturas de la Universidad y a hacer recomendaciones para que se apruebe a más alumnos, cuando convenía tener otras relaciones. Veamos un ejemplo.
Más médicos
Asturias necesita más médicos, lo que ha llevado a pensar en traerlos de países menos desarrollados. En la Facultad de Medicina opera un férreo 'numerus clausus', que cierra las puertas a alumnos con un 8,5 de media en el Bachillerato. Lo más que ha logrado el Principado es la dotación de diez nuevas plazas en el primer curso. La única razón de fondo para no abrir la mano es el miedo de un poderoso clan profesional a perder preponderancia en el mercado de trabajo, cosa que ocurre cuando quedan titulados en paro. En ninguna otra carrera opera ese prejuicio. El Principado no interviene, conformándose con paños calientes. Hace treinta años, a la Universidad se le pedía que impartiera títulos, pero ahora se ha puesto sobre sus espaldas la pesada carga de dar soluciones a los problemas de la región. Cada vez que se habla de I+D -y cada día se va a hablar más-, se mira para la Universidad. La manida cantinela de la relación con las empresas no opera en doble dirección, sino como un reproche a la institución académica por insuficiente colaboración. Estas cosas incumben a los rectores universitarios, pero también al Principado.
La llegada de Vicente Gotor al rectorado supone un giro, por su clara renuncia a jugar un papel político y su disposición a entenderse con el Principado. Sería bueno que en la planificación de los postgrados el Principado transmitiera sus inquietudes.

Dice Álvaro Cuesta que Asturias no sólo recibirá de los Presupuestos Generales del Estado los 1.019 millones de euros que están asignados para proyectos concretos, sino que también se beneficiará de otros fondos relacionados con comarcas mineras y con ayuntamientos y comunidades autónomas, que elevan hasta los 1.400 millones la cantidad a recibir. De las cifras deduce el diputado Cuesta que el Gobierno de Zapatero mantiene su compromiso con nuestra región, visible en la inversión en infraestructuras y políticas sociales, una política que se inscribe dentro de la atención prestada al Noroeste.

Sin embargo, Ovidio Sánchez ve las cosas de otra manera, al afirmar que está hinchado con partidas del año anterior sin ejecutar. El presidente del PP pronostica que la autovía del Cantábrico no estará acaba hasta el año 2014; Ovidio Sánchez considera que el Gobierno no presta apoyo suficiente para desarrollar la Ley de Dependencia ni las política de empleo, así que las cuentas del Estado para el próximo ejercicio no son eficaces contra la crisis.

La visión de los partidos políticos sobre los presupuestos recuerda la dividida opinión que tienen los optimistas y los pesimistas del vaso con agua por la mitad: medio lleno o medio vacío. Para los socialistas igualar la inversión del pasado año es un hazaña, mientras que para la oposición es un signo de decadencia. Con una crisis económica grave dedicar 800 millones de euros a las infraestructuras no es poca cosa, aunque en otros capítulos, como la Sanidad, la Investigación y el Desarrollo o la aplicación de la Ley de Dependencia, el dinero escasea. Si todos los objetivos que están contemplados en los presupuestos tuvieran una cobertura satisfactoria, las cuentas del Estado tendrían que experimentar un crecimiento superior al 10%, algo que puede hacerse tirando de endeudamiento. De esa forma habría dinero para todo durante un corto espacio de tiempo, antes de sumirse el país entero en la bancarrota por falta de crédito. Tiene razón Ovidio Sánchez al quejarse, pero yo pediría que el Parlamento no tocara los presupuestos a cambio de que el Gobierno pudiera ejecutar todas las partidas sin superar el déficit del 2%. Eso significaría que habríamos superado la crisis. ¿Con qué poco me conformo, verdad?

Parece que hay acuerdo entre los dirigentes de la FSA e IU sobre el método a seguir en la negociación para llegar a un gobierno de coalición. El diálogo se iniciará por las coincidencias, dejando las divergencias para el final. Los negociadores dicen que la ventaja de seguir este método estriba en que resulta muy difícil romper el proceso cuando hay consenso en muchas materias. Hace un año el método utilizado fue justo el contrario, al poner sobre la mesa los asuntos espinosos para comprobar si tenía sentido seguir con la negociación. El resultado de aquel proceso es bien conocido: se logró acordar un programa común, pero al llegar el momento del reparto de consejerías la negociación quedó rota.

Hago esta reflexión para poner de manifiesto que la clave de la negociación no reside en hablar de cosas amables, al principio, para luego tocar los temas conflictivos. Ni en seguir la secuencia inversa. El problema no está en el famoso programa de gobierno, como tampoco lo estuvo al principio de la legislatura. La cuestión estriba en pactar la composición del gobierno y en afinar en torno a algunos asuntos que tienen que quedar deliberadamente ambiguos porque los dos partidos tienen visiones opuestas. Es muy difícil encontrar un gobierno de coalición sin contradicciones.

El catalizador del acuerdo es el fracaso de la anterior negociación. PSOE e IU han aprendido que debe haber una negociación discreta para evitar declaraciones estridentes que hagan descarrilar el proceso. La crisis es una excelente disculpa para orillar viejos debates y presentar el gobierno de coalición como una urgencia. Sin crisis económica el acuerdo también sería oportuno, porque de la situación actual no obtiene beneficio ninguno de los dos partidos. Si el debate político asturiano fuera más civilizado se vería normal que en un Parlamento de tres grupos, sin mayorías absolutas, se formaran gobiernos de coalición. Ocurre en todos los países y nadie recibe certificados de traidor, ni nadie saca provecho electoral por estar en la oposición voluntariamente. Entre nosotros las cosas son más complicadas y hay que guardar las apariencias ante las respectivas clientelas. Por eso ahora se dice que se va a empezar a hablar, cuando ya está todo bastante cocinado.

Los partidos de la oposición y los agentes sociales no están satisfechos con las inversiones destinadas a Asturias en los presupuestos estatales. IU considera que la cuantía simbólica asignada al tramo de la autovía del Cantábrico Unquera-Llanes y el mantenimiento del peaje del Huerna denotan carencia de compromiso político. El PP habla de la repetición de partidas aprobadas otros años y que han quedado sin ejecutar. La Fade afirma que hubiera sido bueno incrementar la cobertura de las infraestructuras, porque frente a la crisis hay que proponer políticas de oferta, que crean empleo, en vez de contentarse con dar estímulos a la demanda.

Una a una, las formulaciones anteriores son sensatas. Es verdad que adjudicar 10 millones de euros a Unquera-Llanes es una cantidad irrisoria; es muy probable que parte del presupuesto aprobado el pasado año, que quedó sin ejecutar, aflore ahora otra vez. Y nadie duda que fuese magnífico contar con unas inversiones más cuantiosas. El problema es que estamos en crisis, y lo nota todo el mundo, incluyendo al Gobierno. La recaudación fiscal está cayendo en picado, prueba de ello es que en el mes de agosto se recaudó la mitad que el pasado año, así que la única forma de financiar más inversiones sería apelando a la deuda, cosa muy solicitada por partidos de oposición, sindicatos y sectores de opinión. Es cierto, España tiene un nivel de endeudamiento bajo, así que podría asumir más deuda. Ahora bien, con una crisis financiera tan grande como la que azota a todos los países avanzados, parece una aventura insensata endeudarse para hacer más carreteras, cuando a lo mejor hay que recurrir a ese recurso, en un plazo corto de tiempo, para atender necesidades mucho más perentorias.

Que una región de un millón de habitantes reciba 1.101 millones en inversión no es poca cosa, cuando las cuentas del Estado dedican el 40% de sus recursos al pago de pensiones y a cubrir el desempleo. La mayor crítica que merece el proyecto del Gobierno es que resulta muy optimista porque trabaja con un horizonte de recuperación de la recaudación fiscal y con un mínimo incremento del paro. Poder asegurar el nivel de inversión previsto sería, por sí mismo, un triunfo.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla una inversión de 1.101 millones de euros en Asturias, lo que supone un incremento del 0,65% sobre la cuentas del pasado año, así que las cantidades se mantienen prácticamente constantes. Como las comparaciones son inevitables, nos encontramos con un haz de datos, que van desde el incremento de la inversión en el País Vasco, del 6%, hasta la caída de las aportaciones a Aragón del 12%. No es fácil hacer valoraciones por regiones, porque los avances o los retrocesos pueden deberse a causas perfectamente justificables. Era imposible que Aragón acumulara, el próximo año, las mismas inversiones que en el pasado cuando recibía dinero para la exposición sobre el agua. Pueden hacerse interpretaciones en clave ideológica, como el descenso de las aportaciones del Estado a Madrid, la Comunidad Valenciana o Murcia, territorios del PP, pero resulta que en Castilla y León crecen las inversiones un 10,8%, casi a la cabeza de España.

El delegado del Gobierno, Antonio Trevín, destacó que la inversión en Asturias representa el 4,1% de los presupuestos, mientras que representamos el 2,3% de la población española y aportamos el 2,1% al PIB nacional. Dicho sin números: recibimos mucho más de lo que entregamos y de lo que nos corresponde por habitante. Sólo Castilla y León recibe más inversión per cápita que nosotros. Aunque las cifras y los argumentos son concluyentes, no creo que convenzan a mucha gente, porque en Asturias no echamos cálculos en función de las posibilidades del Estado, sino del atraso de nuestras infraestructuras. Decir que a cada asturiano le va a corresponder más dinero que a cada catalán o andaluz no es suficiente, porque aquí el avance de las infraestructuras se mide por fechas de finalización de las obras no por las millonarias inversiones que comportan.

Analizar las cuentas del Estado por la localización de las inversiones es un análisis muy parcial. Creo que Solbes hace bien en recortar todo lo que puede el gasto, porque la recaudación fiscal de agosto cayó a la mitad de la realizada el pasado año en ese mes. A lo mejor este frenazo tiene una ventaja, al arruinar el debate sobre la financiación autonómica que quería encabezar Cataluña sacando tajada del Estado.

EL estudio de impacto ambiental del embalse de Caleao estaba contratado en marzo del año 2006, por el Gobierno de Zapatero, con un plazo de realización de ocho meses. Han pasado dos años y medio y el estudio sigue inconcluso. El Principado asegura que tiene mucho interés en construir la presa, pero ha sido Gaspar Llamazares el que ha preguntado en el Congreso de los Diputados por el resultado del estudio. La respuesta, en el mejor de los casos, llegará poco antes de Navidades.

Es proverbial la capacidad que tenemos en Asturias para convivir con los problemas sin darles una solución. El suministro de agua del área central, donde vivimos más del 80% de los asturianos, depende del complejo Tanes-Rioseco, del Alto Nalón. El consumo de los municipios del área central, señalado en los registros de Cadasa, supera, en los últimos años, los 54 hectómetros cúbicos, lo que significa que una sequía como la de los años 1990 y 1991 llevaría a realizar cortes de agua en las principales ciudades asturianas. El 10% de los recursos hídricos de España está en nuestra región, pero la desidia de los poderes públicos puede llevarnos a situaciones de racionamiento en el suministro. La construcción del embalse de Caleao es una actuación considerada como prioritaria desde hace muchos años, pero resulta que ni siquiera contamos con los resultados del estudio de impacto ambiental.

Sobre las conducciones de agua del Alto Nalón pesan prejuicios ecológicos e inercias municipales. Un prejuicio es considerar el parque de Redes como un territorio intocable, de modo que no sirva para garantizar el suministro de agua potable a los asturianos, cuando la más noble finalidad del parque es aportar agua a la mayoría de los asturianos. Inercia municipal es el uso de las ganaderías alrededor de los embalses poniendo en peligro la calidad de las aguas. Otros usos, como la utilización de los embalses para el uso de las embarcaciones de recreo, también van contra la garantía de suministro. Lo más simpático de todo, es que los que critican la construcción de la presa de Caleao confían en el aprovechamiento de las aguas subterráneas del área central asturiana, un territorio lleno de urbanizaciones. O proponen traer agua desde el río Narcea, que es cuatro veces más cara y menos saludable.

Vicente Álvarez Areces invita a Jesús Iglesias a buscar lo que les une y olvidarse de lo que les separa: el embalse de Caleao. El presidente reacciona así a las declaraciones del coordinador general de IU en las que aseguraba que no se construirá la presa. Como el proyecto de Caleao está pendiente de estudios técnicos es evidente que no interferirá en la negociación del gobierno de coalición. Otros proyectos, como la incineradora de Serín, sí se acometerán en el corto plazo e IU tendrá que aceptarlo.
No constituye ninguna rareza que dos partidos diverjan sobre el tratamiento que haya que darle a los residuos sólidos o sobre las actuaciones a realizar para garantizar el suministro de agua a las principales concentraciones urbanas. En estas materias no hay verdades absolutas. Es lógico que un colectivo ecologista o una asociación de vecinos monten el pollo por la instalación de una infraestructura determinada. Ahora bien, que la formación de un gobierno de coalición dependa de hacer o dejar de hacer una presa o una incineradora demuestra la inmadurez de algunas formaciones políticas que a falta de un discurso más sólido convierten en seña de identidad los embalses y los procesos de biometanización. ¡Qué cosas hay que oír!
Jesús Iglesias declaró a EL COMERCIO que Álvarez Areces no mostraba especial ilusión por un pacto de gobierno con IU, pero que el diálogo era cosa de la FSA. Bien, hace un año, desde IU se decía lo contrario: Álvarez Areces quería el acuerdo pero Javier Fernández lo obstaculizaba. ¿En qué quedamos? Los dirigentes de IU tratan a diario con los responsables socialistas y razones tendrán para hacer juicios tan cambiantes.
Visto en perspectiva, se puede afirmar que en los ocho años que llevan cohabitando Areces y Fernández, presidente de Gobierno socialista y secretario general de los socialistas, no hay una sola cuestión en que hayan aparecido ni siquiera diferencias de matiz. No sé si se aman o si se odian, o si entre ellos no hay ni una cosa ni la otra, pero de cara al público, que es como hay que juzgar a un político, no se llevaron la contraria ni una vez. Una gran diferencia con el gallinero socialista catalán o con las discrepancias socialistas vascas. Serán buenos o malos, pero no hacen declaraciones como Montilla, ni siquiera como Revilla.

Declaradas las intenciones por parte de los protagonistas, la escena pública asturiana aguarda el resultado de las conversaciones del PSOE e IU. Oficialmente, el proceso de negociación va a abrirse de forma inmediata, y en la casa del socio minoritario (IU) hay prevista una reunión para finales de la próxima semana sobre la negociación.

Sin manejar ningún tipo de información confidencial, me atrevo a afirmar que el asunto está ya más que cocinado. En esto, como en tantas cosas, Leonardo Sciascia tenía razón: «Los datos están a la vista de todos, sólo es preciso saber leerlos». Veamos.

Se cumplen ahora dos meses desde que Javier Fernández, en el congreso de la FSA, lanzara la oferta de negociación a IU. La propuesta fue respaldada por José Blanco en la jornada de cierre del congreso. En ese momento, IU se encontraba aislada, aprobando las partidas extraordinarias de gasto solicitadas por el Gobierno, en contra de su voluntad, presionada por las necesidades de los sindicatos y los ayuntamientos. La letra del nuevo Estatuto se escribía a medias entre Lastra y Aréstegui, ante la impotencia de IU. Por si todo esto fuera poco, las elecciones generales habían arrojado los peores resultados de la historia para IU en España y en Asturias.

En estado de máxima debilidad recibieron los dirigentes de IU la oferta de pacto de los socialistas. La política tiene una lógica interna que enseña cómo una situación así no admite dos meses de 'impasse'. Ni a los socialistas les interesaba dejar tendida la mano en el aire durante tanto tiempo, ni IU se podía permitir el lujo de tensar la cuerda.

Para entender lo que está pasando sólo hay que reflexionar sobre la fracasada experiencia de negociación vivida en el mes de junio de 2007, cuando parecía que el acuerdo era sencillo, porque se trataba, simplemente, de dar continuidad al Gobierno de coalición que estaba en funciones. En aquel momento, se puso en escena un protocolo de negociación grandilocuente, con amplias delegaciones de partidos (nunca menos de diez o doce personas en torno a la mesa) y un documento programático extenso, previo al fracasado acuerdo sobre el reparto de consejerías. Por si todo esto fuera poco, IU ya había advertido que quería más cuota de poder y se ofrecía a la ciudadanía como garante de que el embalse de Caleao o la incineradora de Serín no se construirían.

El método

Los fracasos dejan más enseñanzas que los aciertos, por eso ahora se hace todo al revés. Transcurrida la pausa de agosto el proceso se ha puesto en marcha. A las reuniones se las llama 'contactos informales', y se producen entre muy pocos protagonistas y al máximo nivel. Sólo hay dos interlocutores imprescindibles para llegar a buen puerto: Javier Fernández y Jesús Iglesias. Para desbrozar algunas cuestiones siempre se puede recurrir a los números dos, Jesús Gutiérrez y Ángel González.

Para pactar un gobierno de coalición no hay que dotarse de un denso documento programático. Basta con ponerse de acuerdo en media docena de cosas y en tener la prudencia de no levantar obstáculos. La idea de que los gobiernos se programan pertenece al repertorio de Julio Anguita («programa, programa, programa»), pero la actualidad carece de heraldos. ¿De qué hubiera servido el programa pergeñado en el anterior intento negociador si un mes más tarde estalló la crisis financiera en el mundo? Los dirigentes asturianos de IU llevan meses pidiendo ayudas oficiales para pagar las hipotecas, y el documento negociado en el mes de junio de 2007 no contenía ni una referencia sobre el asunto, como es lógico. La idea de que todo se puede planear parece copiada del individuo que compra medicinas antes de que se declaren las enfermedades.

Planteadas así las cosas, las únicas incógnitas se reducen a las consejerías que ocupará IU. La Consejería de Bienestar Social ya estuvo en su poder y responde al núcleo de las preocupaciones de esa fuerza política, que trata de representar los intereses de las capas desfavorecidas de la sociedad. Un fijo en la quiniela. La otra consejería que les corresponde podría ser la de Sanidad o Cultura, porque gestionar la Consejería de Medio Ambiente les obligaría a tragarse muchos sapos. El primero, la incineradora de Serín, que será aprobada por el consejo de administración de Cogersa en los próximos meses. Y la segunda, el embalse de Caleao, cuando se conozcan los informes técnicos. No está entre las posibilidades de IU detener estos proyectos aunque forme parte del Gobierno. La incineradora en el País Vasco se instaló con Madrazo (IU) de socio de Ibarretxe.

La digestión

En esencia el pacto está ya encauzado, aunque falta la parte más complicada: la digestión interna de IU. Jesús Iglesias cuenta con los elementos esenciales para sellar la alianza que son el respaldo de los alcaldes de IU y el de CC OO. Sindicalistas y regidores declaran que quieren un nuevo presupuesto, lo que significa luz verde para participar en el gobierno. Otros dirigentes de la coalición son más reacios al pacto, así como alguno de los pequeños grupos que fueron con IU a las elecciones. No obstante, una cosa es el derecho a discrepar y otra es la capacidad de veto, de la que carecen. La consolidación del liderazgo de Jesús Iglesias se juega en cerrar la operación con autoridad, para escenificar el ceremonial del pacto.

En cuanto al PSOE, no existe el problema de la cohesión interna, porque el que manda, manda, y el resto cierra filas.

Por si fuera poco, el gobierno de coalición cuenta con el visto bueno de Madrid. En IU, el pacto pertenece a la esencia de la política de Llamazares; por lo que respecta al PSOE, el gobierno de coalición responde a los intereses de Zapatero, que quiere consolidar a la cúpula de IU frente a posibles alternativas de retrógrados talibanes.