UN ERROR DE CONCEPTO

La comparecencia parlamentaria de Iglesias Riopedre para explicar los compromisos presupuestarios del Principado en Educación terminó convertida en una de las noticias del día, tras el duro intercambio de descalificaciones entre el consejero de Educación y el diputado de la oposición, García Valledor. El dirigente de IU planteó la intervención parlamentaria sobre cuestiones (comedores escolares, libros de texto, educación de 0 a 3 años) que ya se había pronunciado la Junta General del Principado, para poner en evidencia que el Gobierno regional no llevaba a la práctica las resoluciones del Parlamento. Al final, tras descalificar el proceder de Riopedre, Valledor abandonó el Parlamento, mientras el consejero de Educación le acusaba de plantear exigencias desde la ignorancia.
Más allá de lo divertido que pueda resultar ver a Riopedre y Valledor discutir agriamente cuando trabajaron, codo con codo, durante cuatro años en el Gobierno, está la cuestión de fondo que plantea el incidente parlamentario: las relaciones entre el Gobierno, la oposición y el Parlamento. Lo normal es que el Gobierno tenga apoyos parlamentarios, bien sean estables o cambiantes, para sacar adelante sus decisiones en la Cámara. En caso contrario, la capacidad de gobernar queda muy limitada. Particularmente, la posibilidad de aprobar leyes queda anulada, así que los presupuestos, por ejemplo, deben ser prorrogados, quedando el Gobierno constreñido a labores de mera gestión. La debilidad parlamentaria del Gobierno no implica que pueda ser el Ejecutivo reemplazado por la Cámara, porque esa posibilidad atenta contra el simple enunciado de la separación de poderes. El Parlamento aprueba leyes y controla al Gobierno, pero no realiza actos ejecutivos, porque en ese momento el Gobierno quedaría convertido en mera Administración.
Si la oposición tiene mayoría en la Cámara y quiere pasar a gestionar, lo que tiene que hacer es presentar una moción de censura y tomar el poder. Tratar de gobernar desde los escaños de la oposición atenta contra la lógica de las instituciones democráticas. El incidente entre Riopedre y Valledor sirve para despejar las últimas dudas sobre la prórroga presupuestaria.