EL DERECHO A DECIR "NO"

En la ponencia parlamentaria que estudia la reforma del Estatuto de Autonomía asturiano ha surgido la primera discrepancia entre el PSOE y el PP. Hasta el presente, los dos grandes partidos estaban de acuerdo en todo, optando ambos por unos planteamientos reformistas y moderados. IU ha quedado aislada en la ponencia al pretender importar los planteamientos maximalistas de catalanes o andaluces. La dinámica de convergencia entre PSOE y PP se acaba de quebrar al abordar la elección del presidente del Principado; los socialistas defienden la fórmula actual, que deja a los diputados la posibilidad de votar afirmativamente la elección de los candidatos o de abstenerse. El PP, con el apoyo de IU, considera que los diputados deben tener absoluta libertad para votar a favor, en contra, o abstenerse. La propuesta de los grupos de oposición implica que si los votos negativos superan a los afirmativos la investidura del candidato quedará rechazada. Este es el criterio general que se sigue en el Congreso de los Diputados con el candidato presidencial.

La propuesta del PP y de IU tiene una coherencia aplastante. Es muy difícil mantener que en un debate parlamentario tan relevante los diputados no puedan manifestarse en contra de un candidato que consideren negativo para los intereses generales de Asturias. Identificar la abstención con el rechazo es una forma de retorcer el sentido de la abstención. Con el sistema actual se llega a rozar el absurdo, porque si un candidato no alcanza la mayoría absoluta en la primera votación, en la segunda puede salir investido presidente con el voto favorable de un solo diputado, frente a la abstención del resto de la Cámara. Ser presidente de Asturias con el respaldo de un solo diputado es algo surrealista.

La propuesta de los socialistas se inscribe dentro de la teoría de la elección constructiva, que consiste en facilitar el acceso a la Presidencia para evitar el bloqueo de la Cámara y la convocatoria de elecciones. Un bello deseo, pero la reforma del Estatuto debe orientarse a alcanzar la mayoría de edad de nuestras instituciones autonómicas: libertad de los diputados para votar a favor o en contra de los candidatos a presidente y potestad del presidente para disolver la Cámara sin cortapisas.