Jesús Iglesias advierte que sin un presupuesto del Principado expansivo e inversor no es posible cumplir el pacto de gobierno. El coordinador general de IU considera que la congelación de las cuentas regionales es incompatible con el programa acordado con los socialistas. El líder de IU liga la creación de empleo a la inversión pública.

Las reflexiones de Jesús Iglesias no pueden sorprender a nadie porque se ajustan al ideario de IU, que en esta materia sigue la tradición del PCE. Durante muchos años en el Ayuntamiento de Gijón, el entonces portavoz de IU, Jesús Iglesias, consensuó con los socialistas sucesivos proyectos presupuestarios que eran presentados a la opinión pública como «expansivos, inversores y solidarios», así que ahora no hace otra cosa que repetir la doctrina de su grupo. Otra cosa es que tenga razón, o que esa receta se acomode a las necesidades de Asturias.

La izquierda tiene una gran fe en las bondades del gasto público y en la virtud de los tributos directos. Cuanto más voluminoso sea un presupuesto público quiere decir que se ha recaudado mucho y que se va a repartir todavía más: los ingresos fiscales más el nivel de deuda que se asuma. Si aumentan los recursos que se trasladan de la sociedad a las instituciones públicas, las cosas irán mejor. Este pensamiento es inherente a todas las formaciones de izquierda, por eso llegaron a estar en manos del Estado la electricidad, el acero o las fábricas de coches. Los socialistas no han roto radicalmente con estas concepciones, pero la experiencia del gobierno ha convertido a la socialdemocracia a la religión del pragmatismo y aceptan la primacía de la iniciativa privada.

Si se hace caso a Jesús Iglesias, el presupuesto del Principado tendrá que superar los 4.400 millones de este año, con un 20% menos de ingresos fiscales. La deuda será cada vez más grande, pero para hacer frente a los pagos siempre se pueden elevar los impuestos. Llegará un momento en que la gente trabajará una gran parte de su jornada para pagar tributos y la Administración tendrá que aumentar el gasto social para aplicar medidas paliativas a una sociedad cada vez más empobrecida. Esa dinámica económica aplicada en una sociedad abierta, donde la inversión privada se puede ubicar en Gijón o en Marsella, no conduce precisamente a la prosperidad.

El presidente Areces señala como prioridades para el futuro inmediato la implantación de otro sistema de financiación autonómica y la aprobación del presupuesto para el año 2010. Las dos cosas están relacionadas, porque los ingresos presupuestarios del Principado se nutren de los fondos de solidaridad del nuevo modelo de financiación. Con un modelo ventajoso los presupuestos regionales tendrán generosas partidas de gasto e inversión.

Asturias es la cuarta comunidad autónoma con más recursos por habitante en el actual sistema de financiación, una situación muy favorable que el presidente del Principado aspira a mantener con el nuevo modelo. Álvarez Areces pretender lograr la suficiencia financiera para mantener la calidad de los servicios públicos, pero también estará pendiente de los recursos que obtengan el resto de comunidades, para no perder posiciones entre el conjunto de las regiones. El deseo es muy loable, porque nadie está más capacitado para luchar por los intereses de nuestra tierra que el presidente de todos los asturianos, pero no veo la manera de mantener esa posición de privilegio cuando el nuevo modelo se calcula a partir de una variable fundamental: el aumento de cuatro millones de habitantes habido en los últimos años. Un crecimiento demográfico experimentado en regiones como Las Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia o Madrid, mientras Asturias perdía unos miles de habitantes. Por mucho que compute la vejez o la dispersión de la población no puede servir para compensar la llegada masiva de inmigrantes a esas regiones. Sería interesante saber qué cantidad de dinero adicional espera obtener el presidente Areces con el futuro sistema de financiación. Algún cálculo tiene que tener, porque el próximo presupuesto regional se financia con esas nuevas entradas de dinero.

El Presidente del Principado quiere contar para el año 2010 con un presupuesto semejante al actual, de modo que la caída de la recaudación tributaria quede compensada por otras vías. Se nos ocurren tres posibilidades: elevación de impuestos, mayor endeudamiento y la mejora del modelo de financiación autonómica. Hay otra herramienta sensata que no sé si está en la mente del presidente asturiano: podar el gasto en partidas que no producen daño social.

El encuentro de Zapatero y Patxi López, en el palacio de la Moncloa, ha sido positivo y reconfortante, tras treinta años de relaciones díficiles entre los gobiernos español y vasco. Zapatero ha reconocido que la apuesta por un ejecutivo socialista en Vitoria le ha ocasionado mayores dificultades en el Congreso de los Diputados, al ganarse la animadversión del PNV, pero no se arrepiente de haber dado el paso. Una de las ventajas de contar con un lendakari constitucionalista es que los dos gobiernos impulsan la misma política antiterrorista. Por su parte, Patxi López señaló que acudirá a todos los foros multilaterales que se convoquen, porque el nuevo gobierno vasco no practicará nunca más la política de la silla vacía. La razón de ese cambio de postura la argumentó el lendakari de una manera sencilla y rotunda: «nosotros compartimos el proyecto de España».

La política española está centrada en la actual legislatura en la lucha contra la crisis económica; las sesiones destinadas al control parlamentario del Gobierno consumen gran parte de su tiempo en discutir sobre aspectos relacionados con la crisis. Esta prioridad política y parlamentaria oculta el gran cambio que se está produciendo en España con la acelerada normalización de la política vasca. Cada declaración (funeral del policía Eduardo Puelles), cada entrevista (Zapatero), cada decisión (retirar la subvención pública a las familias de los presos etarras) de Patxi López supone una ruptura con la larga etapa de gobernación nacionalista. Las dificultades y recelos de antaño han devenido en colaboración y acuerdo. Los primeros que van a apreciar las ventajas del cambio son los propios ciudadanos vascos, porque nada frustra más que la constatación de permanentes obstáculos sin poder avanzar ni un paso en diez años: ese es el balance de la égida de Ibarretxe. Hay un sector de la población, muy ideologizado, que apoya la política de trincheras, pero la mayoría del cuerpo social no participa de esa visión.

La normalización de la política vasca, tras un largo periodo excepcional, de la mano de un lendakari socialista, coincide con el apartamiento de Cataluña de la dinámica política española. Desde el mandato de Maragall, los argumentos y actitudes de la Generalitat recuerdan los posicionamientos de los gobiernos del PNV. Zapatero tiene la ocasión de hacer pedagogía política con Patxi López y Montilla. Más claro: las ventajas de la convergencia, frente al perjuicio de la insolidaridad.

El Principado va a incrementar la aportación a los ayuntamientos, pese a la escasez de recursos públicos debida a la crisis económica. Entre los programas de los que se beneficiarán los municipios está el llamado fondo incondicionado, que consiste en repartir dinero entre los consistorios según unos criterios objetivos. Estas ayudas están pensadas para los municipios de menos de 40.000 habitantes, que en Asturias son todos, con la excepción de Gijón, Oviedo, Avilés, Siero, Langreo y Mieres. Hasta hace un par de años, los fondos del Principado estaban vinculados a unas metas que previamente fijaba el propio Gobierno regional, lo que constituía un agravio a la autonomía municipal.

El Principado ha fijado como criterios objetivos de reparto los mismos que demanda para el modelo de financiación autonómica: orografía, vejez y dispersión de la población. Se trata de una decisión bien intencionada, pero no me parece acertada. Una cosa es el sistema de financiación autonómica y otra las ayudas del Principado a los ayuntamientos. En la financiación autonómica se trata de implantar un modelo que garantice la suficiencia económica en la gestión de los servicios públicos, sobre todo en la sanidad y la educación. Sin embargo, en las ayudas a los ayuntamientos debe jugar un papel muy importante el componente inversor, porque los municipios pequeños apenas tienen capacidad para acometer obras y dotarse de equipamientos. No creo que la vejez o la orografía tengan nada que ver con la construcción y el mantenimiento de una piscina. Los planes de empleo tampoco se rigen por esos principios, porque un municipio con un amplio porcentaje de población juvenil necesita más ayudas que uno envejecido, con la mayor parte de su población convertida en clases pasivas.

Los sindicatos quieren que el Principado acometa un plan de inversiones en los ayuntamientos, que repita a escala reducida los objetivos del plan de Zapatero, que tanto ha reanimado la actividad municipal. Es probable que en la revisión del pacto social (ACEBA) se haga un hueco para esa iniciativa. Hay que tener mucho cuidado con esta propuesta, porque no es aceptable un plus de inversión a costa de otra vuelta de tuerca al endeudamiento. Los discursos 'progres' de la sostenibilidad deberían traerse a colación en ocasiones como ésta.

En Galicia y Castilla y León hay acuerdo entre los dos grandes partidos, PSOE y PP, sobre la posición que deben defender en la negociación de la financiación autonómica. Una entente que no encuentra correspondencia en Asturias, donde el Principado dialoga con el Gobierno central sin contar con el respaldo de la oposición. Una situación curiosa, porque Núñez Feijóo trata de formar un frente común con Álvarez Areces, pero Ovidio Sánchez no tiene voluntad de sumarse al acuerdo; aunque también cabe contemplar la situación desde la otra orilla: los socialistas asturianos tiene fluidas relaciones con los gobiernos del PP de Galicia y Castilla y León, pero no hacen esfuerzos por estrechar relaciones con el partido de Ovidio Sánchez.

El Gobierno de Álvarez Areces cuenta con el respaldo mayoritario de la Junta General del Principado, merced a la alianza de gobierno con IU. Desde esa posición negocia con el Gobierno central, sin sentir la necesidad de ampliar los apoyos parlamentarios. Las dificultades del Principado en la discusión sobre el sistema de financiación proceden de otra parte: la búsqueda de un nuevo modelo vino impuesta por las comunidades ricas y densamente pobladas, cuyos intereses están objetivamente enfrentados a los de Asturias; y la posibilidad que tiene una comunidad de un millón de habitantes de alzar la voz en el concierto autonómico es muy relativa. No obstante, sería deseable que en el Parlamento regional, donde sólo toman asiento tres partidos, se pudiera llegar a un consenso, para proyectar un mensaje de unidad. Ni el PSOE ni el PP ni IU están por la labor.

En esta legislatura los dos grandes partidos fueron capaces de habilitar formas de gestión presupuestaria para que la prórroga de las cuentas regionales, durante el año 2008, no provocara contratiempos. Esa sintonía quedó quebrada con la espantada del PP en la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía, cuando ya se había alcanzado prácticamente un acuerdo. Con la entrada de IU en el Gobierno regional las posibilidades de recomponer el diálogo entre los dos grandes partidos pasó a ser muy remota, porque el PP muestra un rechazo ideológico hacia los comunistas, e IU no quiere ni oír hablar de cualquier forma de acercamiento entre dos grupos que suman 41 diputados, por miedo a quedar aplastada. Conclusión: ni la defensa de los intereses más esenciales de la región es capaz de unir al Parlamento.

Hugo Morán, ex alcalde de Lena, es actualmente el responsable de medio ambiente en la dirección federal del PSOE. Por su actual cargo, tiene opiniones relevantes sobre la energía nuclear y las renovables, dos recursos energéticos que no ve como complementarios. Hugo Morán afirma que la energía nuclear es peligrosa y goza de grandes subvenciones; el dirigente socialista considera que la energía nuclear debería ser sustituida antes de que las actuales centrales agotasen su periodo de vida útil, en caso de que fuera factible. Para Hugo Morán, un ejemplo en esta materia es Alemania, que piensa cerrar su parque nuclear para el año 2020.

En energía, las distintas opciones no pueden expresarse en términos de blanco y negro, o indios y vaqueros. La realidad es bastante más compleja y contradictoria. La energía nuclear tiene un flanco débil en los residuos, pero la seguridad de las centrales modernas es muy alta; ahí está nuestra vecina Francia, con 59 reactores, sin que nos dé ni el más pequeño susto. En Alemania, las centrales nucleares proporcionan casi el 30% de la energía total, y Angel Merkel ya mostró su disposición a revisar la política de cierre de centrales, producto de una concesión de los socialdemócratas a Los Verdes, cuando gobernaban en coalición.

En cuanto a las subvenciones de las energías, debe recordarse que la energía eólica se implantó gracias a la prima que lleva adosada, que en los últimos cuatro años ascendió a un total de 4.400 millones de euros. Los gastos variables de las centrales nucleares son muy bajos, por eso es un despilfarro plantearse el cierre de la central de Garoña. También hay que valorar la fiabilidad de las fuentes de energía. En el presente mes, hubo un día en que los molinos de viento llegaron al mínimo de suministro a la red, con 170 megavatios, cuando la demanda nacional se sitúa en 20.000. Si ya se hubiera avanzado en el modelo socialista de monocultivo de energía renovable, ese día habríamos regresado a la Edad Media, con industrias y hospitales paralizados, y con las bombillas apagadas en casa. Las centrales nucleares suministraron energía durante un 85% del año. La mayor debilidad de la economía española está en su déficit exterior; de no haber centrales nucleares ese déficit aumentaría en un 6%. La política energética tiene que quedar al abrigo de filias y fobias.

En el ejercicio de soberanía que van a realizar las comunidades autónomas, a lo largo de este mandato, no es la toma de poder sobre nuevas competencias, sino el derecho a compartir la recaudación del Estado. Hasta ahora, el Gobierno transfería gran parte de los recursos a las regiones, pero con el nuevo modelo de financiación serán las comunidades las que cojan la mitad de los dos grandes impuestos, IRPF e IVA, dejando la otra mitad para el Estado. El repetido discurso de aumentar las cotas de autogobierno se cumplirá esta vez por el capítulo de los tributos.
Justicia
Puede argüirse que las comunidades siguen, poco a poco, asumiendo nuevas competencias, pero se trata de un proceso más formal que real, ya que hace tiempo que los ejecutivos autonómicos no reciben competencias, de las de verdad. No cabe citar la Justicia, ya que recibir la transferencia sin jueces ni fiscales, es lo mismo que asumir la Sanidad sin médicos, tratamientos y operaciones. El poder de decisión sobre la Justicia sigue en las mismas manos en las que estaba, a no ser que consideremos como una demostración de ejercicio de poder la construcción de un Palacio de Justicia por 190 millones de euros. No sé si el ex consejero, Valledor, que tanto se ufanaba de haber hecho una ventajosa negociación sobre las competencias de Justicia, hubiera sido capaz de traspasarle la mitad de esa factura al ex ministro Aguilar poniendo como argumento la saturación de las actuales dependencias. Me temo que el Gobierno central maneja otro tipo de costes estándar para esos equipamientos. Volvamos al tema.
Aunque las comunidades autónomas no firmen ningún convenio con el Gobierno central sobre nuevos traspasos administrativos, los asumen por la vía de los hechos. Sin que nadie les obligue, todos los gobiernos regionales abren nuevos programas de gasto. Es un proceso paralelo al seguido por los ayuntamientos, que dedican un tercio de sus presupuestos a financiar las llamadas «competencias impropias», que como bien indica el nombre, se trata de un tipo de pagos que no les corresponden a los consistorios. Las comunidades autónomas asumen novedosos capítulos de gasto porque redundan en su influencia y poder político, aunque ellas lo venden como algo derivado de las demandas perentorias de los ciudadanos.
Autovías
En el año 1998, el Principado decidió construir la primera autovía, AS-I, financiada por fondos mineros. En el Gobierno de Aznar, aquel proyecto cayó como una bomba, porque le disputaba el protagonismo sobre la vertebración de la región. La otra autovía acogida a los fondos mineros, Oviedo-La Espina, corría a cuenta del Ministerio de Fomento. La osadía del Principado tuvo un precio muy alto que acabó pagando Sergio Marqués, al modo de los líderes aperturistas en China: bajado del pedestal y reintegrado al anonimato de la vida civil. La primera autovía se hacía con dinero del Estado y la paternidad y ejecución del proyecto correspondía al Principado. Cinco años más tarde, la segunda autovía, AS-II, corrió por cuenta del Principado, del mismo modo que la AS-III, entre la cuenca del Nalón y Avilés. En ningún sitio está escrito que las comunidades autónomas tengan que construir autovías, aunque ellas son muy libres de acometer unos ambiciosos planes de carreteras. Si hay un denso tráfico de coches y camiones entre dos puntos de la región, se debe hablar con el Ministerio de Fomento para que construya la oportuna autovía. Si el Gobierno financia el tercer carril de la 'Y', podía haber hecho lo mismo con la AS-II, entre Gijón y Oviedo. No existe ninguna separación rígida entre vías de interés nacional y regional, porque tanto interés nacional tiene la autovía minera, vía de acceso de los gijoneses hacia la Meseta, como la autovía del interior.
Dependencia
El gasto social constituye otra área donde las comunidades invaden competencias que no les corresponden, mejorando las prestaciones que da el Gobierno central a los ciudadanos, como en el caso de las pensiones no contributivas. La aplicación de la Ley de Dependencia abre un filón de posibilidades. En Asturias hay 1.880 familias que reciben una cantidad de dinero por cuidar de sus familiares dependientes.
Esa labor ya la venían desempeñando, pero ahora cobran un sueldo por ello. En la Ley de Dependencia constituye un recurso excepcional, aunque el Principado lo ha convertido en habitual. El Gobierno central no asume el gasto en dependencia, a lo que está obligado, pero el Principado adelanta el dinero. Una dinámica así puede ser políticamente rentable, pero compromete la financiación regional. Lo mismo cabría decir de los incentivos fiscales de las comunidades autónomas.
Se podría colegir que el Gobierno central está encantado del protagonismo de las comunidades autónomas en el gasto público, porque le permite ahorrar. Nada más falso. El déficit público estatal llegará este año al 9,5% del PIB, según previsiones gubernamentales, mientras que la OCDE prevé una décima más para el 2010. En ese déficit estatal juega un papel muy importante el agujero de las comunidades autónomas.
Las rogativas de la Comisión Europea de recuperar para el año 2012 la senda del equilibrio (un 3% de déficit máximo) resultan imposibles de satisfacer con el «gasto impropio» de las regiones. Un buen momento para negociar inversiones y subvenciones con José Blanco, Trinidad Jiménez y Celestino Corbacho?

EL Principado quiere introducir en la negociación de la financiación autonómica el gasto en personas dependientes. En Asturias hay registradas 24.423 personas, lo que supone el 2,81% del censo nacional de la dependencia. La hipotética partida sería financiada con el fondo de suficiencia, dado que el citado fondo está reservado en el nuevo modelo a costear los servicios no esenciales (vivienda, universidad, empleo, medio ambiente).

Vaya por delante que si Areces consigue más recursos por esa vía será un éxito político para el Principado y un beneficio para todos los asturianos, pero el asunto me parece muy complicado. La aplicación de la Ley de Dependencia pasa por una primera operación que consiste en inventariar a los potenciales beneficiarios de la ley. Esta tarea no se ha hecho de una forma homogénea en todas las comunidades ni en los mismos plazos. La pretensión de Asturias será imitada por el resto de territorios y se empezará a trabajar con cifras heterogéneas. Pongo un ejemplo. Con una comunidad tan envejecida como la nuestra, me parece chocante que sólo haya un 2,81% de los dependientes de todo el país, cuando en Asturias los mayores de 75 años representan el 11,65% de la población regional, mientras que en España la gente que supera esa edad representa el 8,18% del total. Pero lo más prolijo consiste en ponerse a fijar un coste estándar por dependiente para saber la factura global que se cargaría al fondo de suficiencia. Cuando quedan pocos días para cerrar la negociación me parece precipitado hacer ese estudio.

No entiendo por qué el Principado y la ministra Salgado abren ese capítulo, cuando hay otra manera más efectiva de contar con financiación del Estado, que consiste en atenerse a lo previsto en la Ley de Dependencia: cada administración aporta el 50% del gasto anual. Hasta la fecha, las comunidades autónomas están sufragando la mayor parte de los gastos en dependencia, así que el Estado sólo tiene que pagar una factura que ya se le pasó a cobrar y se ha hecho el despistado. El último ejemplo lo tenemos en la actitud de la ministra Trinidad Jiménez, que estuvo esta semana en Asturias pidiendo tiempo y comprometiéndose a abonar las ayudas no recibidas por los dependientes que fallecieron, pero no dijo ni una palabra del gasto de los vivos, que afortunadamente son muchos más.

La Gendarmería francesa ha detenido al máximo responsable del aparato de información de ETA, Carlos Arruabarrena, y a una de sus principales colaboradoras. El pasado martes eran detenidos en Guipúzcoa tres miembros de la banda; en la operación fueron incautados 75 kilos de dinamita. Y el miércoles fue apresado otro etarra en el País Vasco francés. Tres operaciones que dieron como fruto la detención de seis miembros de ETA. A las setenta y dos horas del asesinato de Eduardo Puelles, la Policía ha continuado con su trabajo de desarticulación de la banda que está en situación de gran debilidad.

Siendo las continuas detenciones de terroristas muy importantes, porque contra un grupo de asesinos no hay otra política más eficaz que la policial, es preciso poner de manifiesto el cambio cualitativo operado en el Gobierno vasco. La actitud ejemplar de Patxi López, en las horas que siguieron al asesinato de Eduardo Puelles, va a constituir un elemento esencial en la deslegitimación política y social de la banda. Sabíamos de las ventajas de los pactos políticos contra el terrorismo y del beneficio que produce la colaboración entre las policías española y francesa, a la hora de luchar contra ETA. Sin embargo, en toda la etapa autonómica no conocíamos la experiencia de contar con un partido constitucionalista ocupando el Gobierno vasco y con un lendakari que se siente tan identificado con la democracia española como cualquier otro líder autonómico. En la normalización de la vida política vasca va a ser una pieza esencial el Gobierno de Patxi López, respaldado en el Parlamento de Vitoria por el PP.

Cuando se inició la actual legislatura vasca, todos los observadores auguraban un difícil futuro para el Gobierno de Vitoria. Sin embargo, dos meses más tarde, los quebraderos de cabeza son para el PNV. Si el nacionalismo moderado se distancia radicalmente de la política de normalización de los socialistas, su imagen quedará asociada a los grupos violentos. En caso de respaldar al Ejecutivo de López, la política vasca puede entrar en una dinámica distinta, arrinconando definitivamente a la banda terrorista y extendiéndose una nueva conciencia democrática. Y como decía un viejo 'burukide', «si desaparece ETA, el País Vasco se convierte en veinticuatro horas en Burgos». Qué felicidad.