A lo largo del verano se le han acumulado los problemas al Gobierno. Por dos veces, una en el mes de julio y otra en agosto, el vicepresidente Solbes chocó con las comunidades autónomas al exponer su modelo de financiación. La falta de sintonía con los entes territoriales se extiende a los ayuntamientos, que se han enterado de que el año que viene van a recibir menos financiación del Estado, cuando creían que iban a ser resarcidos de su deuda histórica.

No hay atisbo de acuerdo con las comunidades autónomas, pese a que está corriendo el plazo de 90 días fijado por Zapatero para la aprobación del nuevo modelo de financiación; se acaba de abrir un nuevo frente con los ayuntamientos, que une a alcaldes de todos los partidos contra el Gobierno. A los problemas territoriales hay que sumar los propios de la negociación con los agentes sociales, la ausencia de alianzas parlamentarias para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y la falta de acuerdo con la oposición para aplicar medidas anticrisis. Un panorama desalentador si añadimos que en el pasado agosto se batió el récord histórico de crecimiento de la lista de paro: 103.085 personas, o lo que es lo mismo, 3.325 nuevos parados al día.

Cuando escasea el dinero es más difícil llegar a acuerdos políticos. Por eso, antes de repartir millones de euros es preciso establecer premisas rigurosas. El presidente Zapatero ha señalado que no conoce ningún precedente de que el pesimismo haya creado empleo, pero tampoco podrá señalar ningún caso en que el optimismo haya servido para asumir sacrificios en época de crisis. Ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos están dispuestos a hacerlo.

De todos los contenciosos abiertos, el más novedoso es de los ayuntamientos. A finales del pasado mes de mayo, cuando se iba a abordar la negociación de la financiación autonómica, los directivos de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) vieron la puerta abierta para colocar sus demandas. Básicamente, los ayuntamientos pedían dos cosas: repartir con el Estado y las comunidades autónomas los 7.000 millones de euros que gastan al año en gestionar competencias que no les corresponden (derivadas de leyes relacionadas con la igualdad, la inmigración o la dependencia) y tener una mayor participación en los ingresos fiscales del Estado.

La queja de los alcaldes iba dirigida, teóricamente, a las comunidades autónomas, que se quedan con el dinero que reciben del Gobierno para gestionar competencias que pasan a los ayuntamientos. Según los directivos de la FEMP, los ayuntamientos dedican el 30% de sus recursos a atender las llamadas 'competencias impropias', pero, paradójicamente, no reclaman el dinero a las comunidades, sino que convierten al Gobierno en el destino de sus demandas. En vez de deshacer el equívoco, el Gobierno de Zapatero asumió el reto de negociar con los alcaldes una mejora de la financiación municipal.

Pese a las promesas, los alcaldes acaban de comprobar cómo los efectos de la crisis económica se trasladan a los números del Gobierno, al reducir para el próximo año su aportación a los ayuntamientos, que puede verse disminuida en 700 millones de euros sobre las previsiones municipales. El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, biministro (Justicia e Interior) del último Gobierno de Felipe González, acaba de convocar a representantes de las seis mayores ciudades de España para fijar una estrategia ante la propuesta del Gobierno. Se repite la historia de la negociación con las comunidades autónomas: el Gobierno da buenas palabras, pero luego vienen desmentidas por los números que aparecen en los documentos de trabajo.

Quitar al Estado

Al igual que ocurre con la crisis económica, la obsesión por trasladar mensajes positivos que enmascaran la realidad se está volviendo contra el Gobierno. Toca decir a presidentes autonómicos y regidores municipales que no hay más cera que la que arde, y que tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán menos recursos el próximo año.

Tras esta premisa general, cabe añadir algunas cosas a los alcaldes. Si tanto les aprieta el zapato, dejen de gestionar las 'competencias impropias'; reúnanse los alcaldes de cada comunidad autónomas y vayan todos juntos a protestar ante el presidente regional. ¿Por qué prefieren presionar al Gobierno central? La razón es simple: ante la opinión pública la Administración más deslegitimada es la estatal, mientras que las autonómicas y municipales gozan de buena reputación. Los ayuntamientos son la institución cercana (las 'políticas de proximidad') y las comunidades autónomas gestionan los principales servicios públicos (sanidad y educación). ¿El Gobierno central? Policías, jueces, diplomáticos, inspectores de Hacienda.

Los alcaldes, como los líderes autonómicos, se apuntan a trocear los grandes impuestos estatales (IRPF, IVA, Impuestos Especiales). El Gobierno asume la impopular labor de recaudar fondos, que luego van a otras administraciones. El reparto de papeles es tan descarado que, según datos del Banco de España, el pasado año más del 50% del gasto público correspondió a las comunidades autónomas.

El verdadero problema de los ayuntamientos es que pretenden tener el 25% de los recursos, como ocurre en los estados federales, sin darse cuenta que en España las comunidades autónomas tienen un estatus especial: juegan a tener un sistema de competencias provisional para crecer ilimitadamente en todas las direcciones.

En el Pleno de la Junta General del Principado dedicado al Día de Asturias, las intervenciones de los portavoces parlamentarios suelen abandonar el guión de lo puramente institucional para adentrarse en cuestiones que afectan a la agenda política. Años atrás era muy habitual asistir al intercambio de diatribas entre el PSOE y el PP, pero en esta legislatura las cosas han cambiado y el principal partido de la oposición ofrece su faz más pactista y dialogante. Lo curioso del Pleno celebrado ayer, es que aunque el PSOE e IU estén en vísperas de retomar la negociación para lograr un pacto de legislatura, las intervenciones de sus portavoces no estuvieron exentas de la tensión propia de quien representa al partido del gobierno y quien lo hace en nombre de la oposición. Las divergencias sobre la reforma del Estatuto o sobre la crisis económica demuestran que PSOE e IU no han dado todavía un paso al frente para ir al encuentro.

Horas antes del Pleno, Ovidio Sánchez negó la posibilidad de negociar el presupuesto para el año 2009 a tres bandas (PSOE, PP e IU). El presidente del PP señaló su disposición a discutir un proyecto presupuestario basado en la contención del gasto público y la liberación de recursos hacia la sociedad (bajada de impuestos), objetivos que, según Ovidio Sánchez, comparten buena parte de los socialistas. El líder de la oposición rechazó la negociación con IU, porque esta fuerza política tiene otra filosofía presupuestaria. El presidente del PP hizo una pregunta, que más tarde repetiría Jesús Iglesias (IU) en el Pleno de la Junta: ¿Con quién quiere negociar los presupuestos el Gobierno?

En el Congreso de la FSA, tanto Javier Fernández como José Blanco, lanzaron la oferta de una negociación entre las dos fuerzas de izquierda, descartando profundizar la táctica de acuerdos con el PP, seguida por el Gobierno de Álvarez Areces, que había posibilitado la aprobación de los dos créditos extraordinarios que paliaron los efectos de la prórroga presupuestaria. IU se había quedado aislada en la política asturiana, pero la oferta de los dirigentes socialistas le devolvió al centro de la escena. Es muy difícil mantener por más tiempo la indefinición. No puede Rabanal confeccionar los presupuestos al margen de la oferta de pacto.

El sector crítico del PP celebró una reunión a la que asistieron más de un centenar de afiliados del partido. Del encuentro salió un mensaje de democratización interna, pidiendo que la cúpula del PP asturiano no quede en manos de tres juntas locales (Gijón, Oviedo y Avilés); los críticos piden que la dirección regional tenga más contacto con las bases.

Llevo más de treinta años conociendo grupos críticos de diferentes partidos, y todos ellos tienen un mismo discurso: la democracia interna. Es muy llamativo que la crítica nunca se dirija a la línea política del partido, sino a la calidad de las reuniones internas, la forma de tomar decisiones y el flujo de comunicación entre dirigentes y afiliados. Digo que es llamativo porque al ciudadano le interesa la política que propugna un partido, no el grado de participación de las bases o la forma de tomar decisiones. La gente quiere saber si el PP apoya la reforma de la ley del aborto o la congelación de sueldos de los funcionarios, pero le trae al pairo que sea Fernando Goñi o Joaquín Aréstegui quienes integren el órgano de turno creado por Ovidio Sánchez para dirigir la preparación del congreso. La indiferencia de la población por los sectores críticos de los partidos reside en que estos hablan de lo que no le interesa a la gente. El discurso de la democracia interna es el prólogo de la desnuda lucha por el poder: quítate tú para ponerme yo.

Los promotores del sector crítico del PP deberían saber estas cosas y aprovechar sus mensajes a los medios para discrepar sobre algún aspecto relevante de la política de Ovidio Sánchez. Y si no discrepan sobre la estrategia de la dirección del PP, mejor se abstienen de presentar una candidatura alternativa a Ovidio Sánchez. Otro asunto que deberían saber es que los congresos no se ganan desde el anonimato. Falta mes y medio para el congreso y todavía no fueron capaces de convocar una rueda de prensa para presentarse como alternativa. Todos ellos hablan de Juan Morales, como candidato a la presidencia, pero el propio Morales pidió a los críticos en la reunión que den la cara y se comprometan públicamente. No hay otro partido en Asturias que necesite tanto un impulso como el PP, pero es preciso olvidar la minoría de edad y actuar como paisanos.

La dirección federal del PSOE ha dado orden a sus representantes locales para que congelen las percepciones económicas de alcaldes, concejales, grupos municipales y cargos de confianza; además, la dirección socialista quiere que se mantenga constante el gasto corriente. Dado el nivel de penetración del PSOE en las instituciones, esta medida tendrá repercusión en la mayor parte de los 8.000 municipios que hay en España. En los ayuntamientos que gobierna el PSOE por mayoría absoluta la medida se llevará a cabo sin obstáculos (Valdés, Tineo, Llanes); en los municipios que hay un gobierno de coalición con IU (Gijón, Avilés), la propuesta deberá ser negociada con su socio de izquierdas; en los que gobierna el Partido Popular (Oviedo) la oposición socialista planteará la moción en el Pleno de la corporación.

Las medidas de austeridad deben ser respaldadas por todos. En un momento en que familias y empresas ajustan sus presupuestos, sería ilógico que las instituciones políticas actuaran como si la crisis económica no fuera con ellos. Dicho sea de paso, ese fue uno de los disparates que se cometieron en la gestión de la crisis de 1993: los ayuntamientos aumentaron en un 20% sus gastos. La propuesta socialista es un gesto oportuno, por el mensaje ejemplarizante que transmite, pero la incidencia que puede tener en la marcha económica del país y sus instituciones es mínima. Esta última afirmación tiene una excepción: el gasto corriente. Ordenar que congelen los ayuntamientos el gasto corriente son palabras mayores. Vamos a ello.

Bajo la denominación del gasto corriente se incluye toda la masa salarial de empleados públicos (¿qué pasaría con las ofertas de empleo?), las facturas de servicios (teléfono, electricidad, limpieza), los gastos financieros (a ver quién es el guapo que frena los gastos de los créditos con los tipos de interés al alza), las subvenciones a colectivos, empresas e instituciones, y el resto del gasto social. Que me señalen un solo ayuntamiento en España capaz de contener todas esas partidas con la inflación por encima del cuatro por ciento. Congelar el gasto corriente es lo que se debería hacer, pero habría demasiadas protestas. Y para un alcalde, la popularidad está por encima de la crisis, que es cosa del Gobierno.

La iniciativa de Baltasar Garzón dirigiéndose a diversas instituciones para recabar datos sobre los ciudadanos desaparecidos por la represión franquista ha sido recibida de distinta forma por la clase política. El presidente Zapatero afirma que las administraciones están obligadas a colaborar con la Justicia, mientras el popular Jaime Mayor Oreja considera un disparate la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional. La disparidad de criterios se reproduce también en otros ámbitos: las asociaciones de víctimas y familiares consideran que los delitos cometidos bajo la dictadura de Franco son imprescriptibles, pero el Ministerio Fiscal afirma que se deben es archivar las diligencias porque los delitos fueron borrados por la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977.

La actuación de Garzón puede debatirse bajo el prisma jurídico -la divergencia entre el magistrado y el fiscal- o desde el prisma moral, asumiendo las reivindicaciones de los descendientes de los enterrados en fosas comunes. Ahora bien, el verdadero debate es político. Desde que Zapatero anunció la Ley de Memoria Histórica, un sector de la opinión pública apoyó la medida diciendo que la sociedad española estaba madura para hacer justicia con los grandes olvidados de la dictadura, mientras que otros muchos ciudadanos opinaron que se trataba de una propuesta anacrónica que dividía a la sociedad. Ese debate se reproduce ahora con la iniciativa de Garzón buscando indicios para acusar de genocidio al régimen franquista.

La renuncia al ajuste de cuentas con el franquismo no fue una posibilidad orillada por el primer Gobierno de la democracia ante posibles presiones de poderes fácticos, sino una estrategia planteada por la dirección comunista de Santiago Carrillo en el lejano año de 1956: la política de la reconciliación nacional. Tras el Concilio Vaticano II, la asumió la jerarquía católica española y, más tarde, el resto de las fuerzas políticas, sindicales y sociales españolas. La idea era olvidar las barbaridades cometidas durante la guerra civil y la posguerra, para zanjar las divisiones. La Ley de Amnistía de 1977 fue eso, olvido, al que se acogieron torturadores lejanos y terroristas cercanos. Tengo la impresión de que no se valoran bien los beneficios de aquella decisión.

En el primer día de septiembre, todos dieron su receta para la crisis económica. El número dos del PSOE, José Blanco, habla de implantar un plan de austeridad basado en la congelación de sueldos en las cámaras legislativas, así como en gobiernos autonómicos y municipales. Es un gesto acertado porque los cargos públicos deben dar ejemplo ante la crisis. Ahora bien, si las administraciones quieren hacer una política de ahorro eficaz, lo más útil es que se fijen como objetivo la confección de unos presupuestos públicos sin déficit. Lo verdaderamente complicado es reducir el gasto público en la misma proporción que baja la recaudación fiscal. Realizar política social dañando los equilibrios básicos de economía es pan para hoy y hambre para mañana.

El problema, en estos momentos, por increíble que parezca, es que todavía no hay un diagnóstico sobre la crisis económica, y nadie sabe si hay que aplicar calor o frío. Tan pronto nos hablan de aplicar austeridad como de llevar a cabo un plan fabuloso de inversiones públicas que crearía déficit público y aumentaría el endeudamiento del país. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anuncia una reunión con los firmantes del pacto social (Aceba) para adaptarlo a las condicionantes de la crisis económica. Bueno sería que el presidente aprovechara la reunión para invitarles a realizar una reflexión sobre el destino de los beneficios y el incremento de los salarios. Si empresarios y sindicalistas quieren colaborar con el bien general, lo mejor que pueden hacer es llegar a compromisos sobre el excedente empresarial y el crecimiento de los salarios. El Gobierno regional debería propiciar ese diálogo. Todos hablan de la crisis. Manuel Menéndez, presidente de Cajastur, propone cuatro claves: eliminar las rigideces de la economía, gestionar bien la inmigración y el envejecimiento de la población y ahorrar energía.

Hay cortapisas en todos los mercados, desde la escasa movilidad de la mano de obra hasta la falta de competencia del sector servicios. Gestionar bien la vejez implica acabar con las prejubilaciones, alargar la vida laboral y capitalizar aún más los fondos de la Seguridad Social. Ahora bien, nada es tan urgente como reducir la factura energética, porque por ahí se desangra la economía española, importando petróleo.

Las declaraciones realizadas por Gaspar Llamazares a El Comercio diciendo que «un acuerdo de gobierno con IU obligaría a cambios en el Estatuto pactado por FSA y PP» han tenido rápida respuesta por parte del portavoz parlamentario del PP, Joaquín Aréstegui, al asegurar que cualquier cambio en el Estatuto para contentar a IU implicaría su rechazo en el Parlamento.

La postura del PP es clara y está bien fundada. La reforma estatutaria se abordó en la ponencia parlamentaria, para llegar a un texto fruto de las negociaciones entre los tres partidos representados en la Junta. IU apostó por un Estatuto de nueva planta, tomando como modelo los textos aprobados en Cataluña y Andalucía. PSOE y PP coincidieron en partir de lo que ya hay y reformar lo que resulte más conveniente. En estos momentos, la reforma estatutaria está a punto de empezar a tramitarse en comisión parlamentaria, a partir de un documento articulado con el apoyo de los dos grandes partidos. No se esperan cambios sustanciales.

La dirección de la FSA planteó como una prioridad legislativa la reforma del Estatuto para separarla del debate político regional. El Estatuto precisa del voto de 27 diputados, por lo que es ineludible contar con el apoyo del PP. El concurso de IU no añade nada. Una vez que se ha llegado a un acuerdo general sobre la reforma, sería un error político descomunal desandar el camino para facilitar la entrada de IU en el Gobierno. Al final, puede que hubiese un nuevo Ejecutivo de coalición, pero lo que es seguro es que no habría nuevo Estatuto, y la culpa sería del PSOE por actuar de una forma tan frívola. No creo que haya un solo miembro del Gobierno regional o de la dirección de la FSA que baraje esa posibilidad. Llamazares sabe perfectamente que su propuesta es retórica y debería ser más cauto. Me explico. Una de las razones por las que IU quedó fuera del Gobierno, en esta legislatura, está en los compromisos públicos a los que llegó antes de empezar la negociación con el PSOE. Verbigracia: «Si se construye la incineradora de Serín no entraremos en el Gobierno». Al final, las supuestas condiciones para negociar se convirtieron en obstáculos para participar en el Ejecutivo. Las nuevas condiciones imposibles de Llamazares reducen el campo de maniobra de IU.

Por segunda vez a lo largo del verano, el ministro de Economía ha chocado con todos los grupos de oposición al exponer su modelo de financiación autonómica. Las buenas palabras de Zapatero no tienen continuidad en el discurso de Solbes, que diverge de las fuerzas catalanistas sin ganarse el respaldo del resto de los grupos. Ha empezado la cuenta atrás del plazo fijado por Zapatero para llegar a un acuerdo (tres meses) sobre financiación autonómica y las cosas están más distantes que al principio. El Gobierno está aislado.

El método que sigue el Ejecutivo es el opuesto al que dicta el sentido común cuando se entabla una negociación. Lo lógico es expresar las reservas al principio, explicitando unas premisas a las que no se piensa renunciar, para luego ceder en algunos asuntos en aras del consenso. En este caso, el Gobierno hace el recorrido inverso: respalda todos los estatutos y asegura que implantará un nuevo modelo de financiación con el que saldrán ganando todos los territorios, para luego imponer unas condiciones que chocan con la letra de algunos estatutos y con los deseos de los gobiernos regionales. A eso se llama crear expectativas para desmentirlas con los hechos.

Hecho el reproche, digamos que el Gobierno tiene argumentos sobrados para endurecer su discurso, y que ya era hora de empezar a decir las cosas que no quieren oír los dirigentes autonómicos, sin maquillar la realidad.

En el Parlamento, Solbes y los portavoces catalanistas emplearon mucho tiempo en discutir sobre el carácter bilateral de la negociación, algo que desde fuera de Cataluña se ve como un sinsentido. En este punto, los dirigentes catalanistas llevan algo de razón, ya que desde que Felipe González perdió la mayoría absoluta, las novedades en el modelo de financiación vinieron introducidas por la Generalitat: cesión de la recaudación del 15% del IRPF (año 1993) y, posteriormente, con motivo de la negociación de la primera investidura de Aznar, elevación del porcentaje de cesión al 30%. Esas conquistas de la Generalitat se extendieron al resto de comunidades autónomas.

La bilateralidad se mantiene, ahora, en buena medida, ya que la cesión del 50% de la recaudación del IRPF y del IVA, así como del 58% de los Impuestos Especiales, está en la letra del 'Estatut', y se propone su extensión a todas las regiones. El problema está en que otros contenidos del 'Estatut' sobre financiación no pueden trasladarse mecánicamente al resto de territorios porque son lesivos para sus intereses. Por esa razón entra en juego la multilateralidad de la negociación.

La discusión sobre bilateralidad y multilateralidad tiene otro trasfondo que es la escasa entidad de un órgano, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para llevar a cabo una negociación de tanta envergadura que debería corresponder íntegramente al Parlamento. Si el modelo de financiación autonómica se pactara en el Parlamento (para lo que se necesitaría una Cámara de naturaleza territorial en la que tuvieran asiento las comunidades autónomas), le sería más difícil exigir a los catalanes una negociación exclusivamente bilateral.

El vicepresidente del Gobierno comenzó a interpretar el modelo de financiación como un conjunto de derechos y deberes de las comunidades, lo que supone una novedad, porque hasta ahora todas las obligaciones recaían sobre el Ejecutivo central. Los gobiernos regionales, en materia de gastos e ingresos, vivieron siempre en una confortable minoría de edad, que les permitía pedir sin límites.

Solbes argumentó que no es razonable bajar los tributos autonómicos mientras se pide más dinero al Estado. En este asunto hay un comportamiento unánime: ningún gobierno regional utilizó el tramo autonómico del IRPF para obtener más recursos. La idea de que el Estado puede transferir más dinero pero que las comunidades no pueden obtener ni un euro más de sus ciudadanos es, sencillamente, ridícula.

El gasto descontrolado

Abierta la discusión sobre los ingresos propios de las comunidades autónomas, hay que rematarla cuestionando las partidas de gasto. El área que concentra más inversiones y gastos por parte de las comunidades es la sanidad. Todos los consejeros de Economía dicen que la sanidad presenta insuficiencia financiera, pero ninguno habla de recortar gastos y de adaptar la red de servicios a los recursos. Es más, la construcción de nuevos hospitales y las sensibles mejoras salariales a los profesionales se convierten en un elemento de propaganda, como si fuesen rasgos distintivos de los territorios: «nuestra potente red pública sanitaria».

Los mismos que exigen más dinero pretextando una supuesta insuficiencia financiera para cubrir la sanidad son incapaces de preguntarse si el Estado, tras trasvasarles más recursos, padecerá esa misma insuficiencia para construir carreteras o trenes de alta velocidad.

Son cuestiones básicas que el Gobierno debería plantear a todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, en el caso asturiano, el envejecimiento de la población es una fuente de gasto extra en la sanidad, pero debería suponer un recorte en el gasto global en Educación. Si somos la región con menos habitantes entre los cero y los quince años, no se entiende por qué nuestra región presenta un gasto educativo tan alto. La misma Universidad de Oviedo, con un tercio de alumnos menos que hace diez años, tiene un gasto creciente. Puede que necesitemos más médicos, pero no más profesores.

Ni los partidos políticos ni la Federación Asturiana de Concejos (FACC) respaldan la reflexión realizada por el presidente de Fade, Severino García Vigón, en los Cursos de la Granda sobre la necesidad de reducir municipios. El presidente de los empresarios dijo que habría que plantearse la actual distribución administrativa de Asturias, porque no es lógico que existan 78 ayuntamientos. García Vigón aludió a la necesidad de abaratar el coste de los servicios municipales, algo que, según el presidente de Fade, es especialmente necesario en la zona central de Asturias, un espacio pequeño en el que viven el 85% de los asturianos. El sentido común respalda la declaración de García Vigón, porque sería mucho más racional contar con ayuntamientos fuertes y bien dotados para prestar servicios a los vecinos. La gran mayoría de los municipios necesitan el apoyo técnico y financiero del Principado para resolver problemas urbanísticos o de recaudación de tributos.

Bien es cierto que en Asturias, pese a la excesiva compartimentación del mapa en distintos ayuntamientos, la gestión del territorio es menos caótica que en otras regiones, como en Castilla y León, con más de 2.200 ayuntamientos; pero otros se encuentren peor no es un consuelo. Lo lógico sería ir a una concentración de municipios, aunque no hay ni una sola fuerza política que respalde esa propuesta. La razón del rechazo está en el localismo que preside la vida regional; cualquier decisión del Principado en la materia se podría vivir como una ofensa.

A falta de una configuración racional de concejos, en Asturias se ha apostado por una política moderada de unión de energías municipales por la vía de los consorcios (agua, transporte, residuos) y de las mancomunidades. El experimento de los consorcios ha salido bien, aunque con matices, mientras que el diseño de las mancomunidades no ha dado los frutos apetecidos. A día de hoy nos encontramos con muchos ayuntamientos despoblados y descapitalizados, y con un área central de la región separada por alambradas municipales que generan superposición de equipamientos y distintos modelos de urbanismo, mientras que la clase política se llena la boca con discursos progresistas sobre ordenación del territorio. Esto no hay quien lo cambie.

Como era de esperar, Solbes repitió en la comparecencia parlamentaria de ayer los argumentos que había empleado al presentar su modelo de financiación autonómica. Parte de su intervención la dedicó a defenderse de las críticas de los partidos catalanes al asegurar que su propuesta respeta los contenidos del 'Estatut' e insistir en que de la falta de acuerdo no se puede culpar al Gobierno español. En otros momentos exhortó a los ejecutivos regionales a asumir sus responsabilidades y dejar de pedir más dinero. Esta última afirmación fue matizada con su promesa de poner sobre la mesa más recursos adicionales.

El vicepresidente del Gobierno siempre ha ido a remolque en este debate, con esa mezcla de escepticismo, tan propia de su personalidad, y de falta de convicción que acompaña a los que hacen una tarea por simple encargo. En el carajal de la financiación autonómica metió Zapatero a su ministro de Economía aceptando la letra de unos estatutos de autonomía que se permiten fijar unilateralmente obligaciones al Estado. Una vez que el presidente asumió un planteamiento insólito, le pasó los trastos al ministro para que resuelva el problema. Y en eso está.

Tengo la percepción de que en la controversia sobre la financiación autonómica hay una suma de argumentos políticos y económicos a favor del Gobierno que ni Zapatero ni Solbes quieren explicitar. Veamos algún ejemplo entresacado del núcleo duro de las reivindicaciones de las comunidades autónomas. Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Baleares aseguran que el modelo hay que revisarlo porque desde el año 1999, tomado como base para hacer los actuales cálculos, creció mucho su población. Bien, es un dato incuestionable, pero del aumento de población no sólo se derivan gastos, sino también ingresos. Gracias a los inmigrantes, esas comunidades tienen un incremento de la recaudación por IRPF, IVA o Impuestos Especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol) del que antes carecían. Además de otros múltiples alicientes para la actividad económica de los que se deducen beneficios para esas haciendas autonómicas. A los que aducen un mayor gasto por envejecimiento poblacional cabe recordarles que dejan de hacerlo en infancia o en juventud. Y si no lo reducen, no es por culpa del Gobierno.