80.37.254.215 124513 160686 El ministro Gabilondo es partidario de que se investiguen las actuaciones de estudiantes que provocaron desórdenes para impedir que líderes políticos hablaran en la Universidad. En la Universidad de Oviedo, José María Aznar fue varias veces interrumpido por grupos de estudiantes que profirieron gritos contra el ex presidente del Gobierno. José María Aznar respondió con un gesto muy expresivo, para el que sólo hace falta el concurso de un dedo. La Fiscalía y las autoridades gubernativas no han tomado ninguna medida contra los autores del boicot, aunque el rectorado de la Universidad ha identificado a los autores del altercado. Hace solamente unos días, ocurrió un suceso más grave aún, cuando la presidenta de UPyD, Rosa Díez, fue invitada a la Facultad de Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ante la actitud violenta de un grupo de estudiantes, el decano de la Facultad, Salvador Cardús, un profesor cercano a ERC, trató de negociar una solución dando la palabra por espacio de diez minutos a los violentos. La digna actitud de algunos profesores, como el asturiano, Ángel de la Fuente, impidió el pasteleo, y entre tensiones, empujones y gritos, pudo celebrarse el acto en un aula más reducida. En otoño empieza el ciclo electoral, con las elecciones catalanas; seis meses más tarde se celebrarán los comicios autonómicos y municipales, y al otro año tendrán lugar las elecciones generales. Es tiempo de tomar medidas preventivas, porque hay una regla general que dice así: cualquier conducta violenta sin respuesta disciplinaria anima a los autores de la misma a repetirla a mayor escala. La Universidad es una institución con un estatus específico que puede servir para que los responsables gubernativos se crucen de brazos y dejen la responsabilidad del orden en manos de las autoridades académicas. Un planteamiento falaz. La Policía tiene la obligación de reprimir a los violentos, con independencia de que los desórdenes ocurran en la calle o en un recinto universitario. En el acto de la Universidad Autónoma de Barcelona, a Rosa Díez la acompañaban cuatro policías de paisano, y el consejero de Interior, Joan Saura, consideró que era suficiente. La Fiscalía tampoco ha movido un dedo, pese a que los altercados alcanzaron una gran notoriedad. Sin jueces, fiscales y policías, la violencia florece. 0 2010-03-12T08:07:09+01:00 2010-03-12T08:06:00+01:00 53205707 violentos-con-bula 2010-03-12T08:07:09+01:00 11 1 2010-03-12T08:07:09+01:00 80.37.254.215 124513 160686 La consejera portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, asegura que el Gobierno regional es austero, reducido y con los sueldos más bajos de España. Sobre la posibilidad de aplicar un recorte en el gasto público, tal como prevé el programa enviado por el Gobierno central a Bruselas, la consejera portavoz dice que el presupuesto de 2010 es un ejemplo de ajuste, con crecimiento de la inversión y recorte del gasto corriente. Los emolumentos de los políticos asturianos son más moderados que los de otras comunidades. Ejemplo de ello es que al empezar esta legislatura Álvarez Areces tenía el sueldo más bajo de todos los presidentes autonómicos. La mitad que Montilla y mucho menos que Esperanza Aguirre. La Administración autonómica tampoco es de un gran tamaño, aunque el Gobierno regional tiene diez consejerías, cuatro más que en la época de Marqués. Uno de los efectos que conlleva la formación de un gobierno de coalición es la generosidad en el número de carteras. Aunque el PP ha criticado a los gobiernos de Álvarez Areces por su excesivo gasto corriente, basta cotejar con los números de otras regiones para percatarse de que Asturias no ha caído nunca en ese defecto en las casi tres décadas de gestión autonómica. Estamos en una coyuntura extraordinaria, atravesando la mayor crisis económica de los últimos ochenta años y toca acometer medidas de ahorro excepcionales. En Asturias, los dirigentes políticos todavía no se han mentalizado del esfuerzo colectivo al que están convocados. El actual presupuesto del Principado, lejos de ser austero, presenta un crecimiento en el gasto público total, con respecto al del año 2009. El Principado ha aceptado asumir el máximo de déficit público permitido (un 2,75% sobre el PIB), y se prevé que la ejecución presupuestaria conlleve un incremento de deuda pública de 633 millones. Todas las recomendaciones de instituciones y organismos independientes, desde la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, pasando por el FMI y la OCDE, exhortan a las administraciones españolas para que reduzcan el déficit y amorticen deuda. Lo peor no es que estemos caminando en el sentido contrario, sino que lo hagamos convencidos de que los equivocados son ellos (FMI, BCE, OCDE), como les ocurre a algunos conductores que se confunden de sentido en las autovías y echan las luces a todos los coches que cruzan. 0 2010-03-11T08:10:43+01:00 2010-03-11T08:10:00+01:00 53205291 toma-conciencia 2010-03-11T08:10:43+01:00 11 1 2010-03-11T08:10:43+01:00 80.37.254.215 124513 160686 El auto del Tribunal Constitucional (TC) ratificando la constitucionalidad de la Ley de Uso y Promoción del Asturiano ha sido recibido con júbilo por los colectivos que apoyan con más entusiasmo la utilización de la llingua. Por su parte, el Principado dice que el fallo del TC no aporta nada nuevo, porque la Administración autonómica responde a todos los ciudadanos que se dirigen a ella en bable. Puede que esa sea ahora la norma de funcionamiento, pero cuando el funcionario Xurde Blanco redactó una petición en asturiano, la Administración interpretó el escrito como no recibido. La reacción de los grupos que impulsan la llingua era de esperar porque siempre vieron en la Ley de Uso y Promoción del Asturiano una etapa intermedia hasta conseguir el objetivo deseado: la oficialidad de la llingua, en plena igualdad con el castellano. El auto del TC no abre ninguna puerta para demandar la oficialidad, pero supone un espaldarazo para normalizar el uso del asturiano, lo que aprovechan los sectores militantes del asturianismo para agitar su principal reivindicación. No hay ninguna fórmula exacta para decidir cuándo una lengua debe ser oficial en un territorio. La decisión queda en manos de los partidos más votados y de la sociedad que los respalda. Si en Asturias hubiera una mayoría social deseosa de escuchar la radio y la televisión en asturiano, de leer periódicos escritos en bable y de ver cine doblado en asturiano, la oficialidad sería un hecho. Bien es cierto que en algunas regiones de España se viven situaciones especialmente perversas, porque siendo el castellano la lengua mayoritaria en las familias y la utilizada por los medios de comunicación independientes, se han promovido normas coercitivas que otorgan a la lengua vernácula el monopolio de la comunicación en la escuela, la universidad, la televisión y la radio pública. En esos territorios, a la pretensión de los grupos nacionalistas se han plegado alguno o algunos de los grandes partidos de ámbito estatal. En Asturias no hay visos de seguir por esa senda. El PSOE y el PP son partidos muy asturianos y profundamente españoles. Los principales líderes políticos (Álvarez Areces, Javier Fernández, Ovidio Sánchez) no han realizado concesiones demagógicas hacia las minorías, y siempre han sido muy prudentes para no herir la identidad colectiva. 1 2010-03-10T08:12:49+01:00 2010-03-10T08:12:00+01:00 53204939 2010-03-11T02:15:20+01:00 cuestion-mayorias 2010-03-10T08:12:49+01:00 11 1 2010-03-11T02:15:20+01:00 80.37.254.215 124513 160686 El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado lo que ya sabíamos todos: los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a utilizar la llingua en sus comunicaciones verbales o escritas con la Administración. Digo que lo sabíamos todos porque así lo reconoce la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, que no es precisamente de la última legislatura. El asunto llegó al alto tribunal porque un funcionario acudió a la vía contenciosa al negarle ese derecho la Consejería de Presidencia. El sentido común indica que las relaciones de los funcionarios con la Administración constituyen un caso particular de las comunicaciones de los ciudadanos con las instituciones, así que no se ve la razón para privar de ese derecho a los empleados públicos. Planteada la cuestión de constitucionalidad, a petición del juzgado de lo contencioso que llevaba el caso, el TC ha puesto punto final a la polémica. La discusión sobre la normalización de la llingua en la vida social asturiana sería mucho más sencilla si en otras comunidades autónomas no se hubieran cometido verdaderos dislates a cuenta del bilingüismo. La multa a los dueños de los comercios en Cataluña si rotulan sus negocios en castellano, mientras que no ocurre nada si lo hacen en inglés, chino o árabe, refleja hasta qué punto la estupidez se ha adueñado de la clase política autonómica. Más grave es el papel que han reservado para el castellano dentro de la educación reglada en territorios como Galicia, el País Vasco, Las Baleares o Cataluña, donde se impide u obstaculiza desde la propia Administración que niños y jóvenes cursen estudios en la lengua de sus padres y abuelos. La gente demanda cine y periódicos en castellano, pero en los colegios está vetado. En Asturias, somos unos afortunados por no sufrir esos problemas que envenenan la convivencia y suponen un engorro para las familias. Una de las claves para no vernos arrastrados a esas polémicas disgregadoras está en darle un cauce adecuado a la llingua. Negar la posibilidad de su uso es un despropósito, porque hablar en asturiano en nuestra región no puede ser igual que hacerlo en alemán o en ruso. El acierto en la cuestión de la lengua descansa en el sentido nacional de nuestros dos grandes partidos, PSOE y PP, una cualidad que no cabe extender a las organizaciones socialistas y populares de todas las comunidades autónomas. 1 2010-03-09T08:08:56+01:00 2010-03-09T08:07:00+01:00 53204533 2010-03-09T20:17:10+01:00 el-sentido-comun-asturiano 2010-03-09T08:08:56+01:00 11 1 2010-03-09T20:17:10+01:00 80.37.254.215 124513 160686 La cumbre entre la UE y Marruecos versa sobre las relaciones de los Veintisiete con el nuevo aliado, al que hace año y medio se le concedió un régimen especial, al aprobar el 'Estatuto Avanzado UE-Marruecos'. En ese marco se desarrolla un diálogo bilateral que tiene como protagonistas a España y Marruecos. Son dos problemáticas distintas, porque la UE quiere hablar de asuntos económicos, mientras que la relación entre España y Marruecos se desenvuelve sobre el telón de fondo de los problemas de soberanía, con el Sáhara sobre la mesa y Ceuta y Melilla por debajo de ella. El formato de la cumbre no distingue entre las relaciones generales de la UE y las particulares entre España y el reino alauí, por lo que se mezclan los mensajes. Aún está reciente la huelga de hambre de Aminatu Haidar para dejar que transcurra la cumbre sin hablar del problema del Sáhara, pese a que cuando se redactó el 'Estatuto Avanzado UE-Marruecos' no se hizo mención al problema. La UE pidió a los representantes del Gobierno marroquí que respeten los derechos humanos en el Sáhara, mientras que los ministros de Mohamed VI manifestaron su intención de dar autonomía a ese territorio. Llama la atención que la UE se preocupe por los derechos humanos del pueblo saharahui y dé por respetados los del pueblo marroquí. Para Marruecos, la relación con la UE es suficientemente satisfactoria a partir del Estatuto Avanzado que recuerda, aunque muy mejorado, al Acuerdo Preferencial que obtuvo España con la Europa comunitaria en el año 1970. El primer fruto de la alianza ha sido el acuerdo agrícola y pesquero, que le coloca en una situación mucho más favorable que hasta ahora. La aspiración de Mohamed VI no puede ser la adhesión de Marruecos a la UE, porque le generaría problemas políticos e ideológicos, al tener que poner fin a su política de permanente ambigüedad con los postulados ideológicos de las democracias occidentales. Hay otra razón de carácter económico que complica la adhesión de Marruecos a la UE. No hay otra frontera del mundo donde la diferencia de renta sea tan grande como entre España y Marruecos. Es un salto de diez a uno. Dadas las diferencias políticas e ideológicas y la asimetría económica, el marco más estable es el ya alcanzado, que implica centrarse en algunas mercancías y olvidar algunos derechos 0 2010-03-08T08:07:55+01:00 2010-03-08T08:07:00+01:00 53204118 mercancias-y-derechos 2010-03-08T08:07:55+01:00 11 1 2010-03-08T08:07:55+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Puleva ha rechazado la oferta de Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), quedando la pugna por la segunda empresa láctea española en manos de grupos multinacionales europeos. El liderazgo de CAPSA en el mercado nacional queda comprometido, aunque el proceso de concentración empresarial en la industria agroalimentaria no agota sus opciones en Puleva. En el corto plazo habrá ocasión de estudiar nuevas operaciones. Es cierto que la oportunidad era especialmente propicia para CAPSA, porque le permitía hacerse con un 30% de la producción nacional, y Puleva está especializada en productos (leches enriquecidas) que complementaban los grandes activos de CAPSA: leche líquida, nata, mantequilla. En el otro platillo de la balanza hay que valorar también que el fracaso de la operación evita la hipoteca de someter a la empresa asturiana a un proceso de fuertes amortizaciones de crédito, en un momento en que el mercado no está para muchas alegrías. En los dos últimos años, hay en Europa un exceso de oferta, al haber aumentado las cuotas lácteas antes de iniciarse la crisis económica. Un error de Bruselas que ha incendiado el campo. No sólo las explotaciones asturianas y españolas carecen de competitividad, sino que todo el sector lácteo de la UE produce a precios superiores a los del mercado mundial. Antes de la crisis económica, la UE exportaba el 20% de su producción, pero ahora tiene que beberla en casa o desparramarla por las calles en señal de protesta. Por esa razón los productos del campo europeo penetran en España, hundiendo los precios, lo que ha llevado a un abandono masivo de las producciones, creando una situación nueva en el campo que viene caracterizada por ser la primera vez que hay una convergencia entre los intereses de los ganaderos y de la industria láctea nacional. Veamos. <strong> La importación </strong> Al precio que se compra la leche, sólo los ganaderos agrupados en Clas y en Covap (sociedad ganadera andaluza) reciben en España una remuneración por su producto que les permite vivir de su trabajo. En ambos casos el valor añadido a la actividad ganadera se lo da la marca (en nuestro caso, CLAS). Sin esa cobertura el ganadero estaría al albur de decisiones ajenas que marcan un precio inferior a sus costes de producción. El proceso podría agudizarse en el corto plazo, sin enterarse los consumidores, que siempre encontrarán productos lácteos en las estanterías del supermercado. Las multinacionales europeas ya introducen tres millones de toneladas de productos lácteos en España, y tienen capacidad para triplicar esa cantidad y abastecer a todo el mercado español. En esa hipótesis, los únicos que quedan sin sitio son los ganaderos y la industria agroalimentaria nacional. Al igual que importamos todo el petróleo, podemos pasar a importar toda la leche. Hasta el año 2007, la dinámica era distinta. El mercado apretaba al ganadero, se reducían vacas y explotaciones, pero el volumen de producción láctea se mantenía, a través de explotaciones más grandes y competitivas. A finales de los años ochenta había 178.000 explotaciones en España que aportaban la misma leche que las 24.000 explotaciones existentes en el año 2007. La industria agroalimentaria recibía una cantidad de materia prima constante, pero a un coste más bajo. La compra de cuota por parte de los ganaderos que se mantuvieron en activo les llevó a un proceso de endeudamiento creciente. Desde que entramos en la UE, Asturias producía 630.000 o 640.000 toneladas, pero en el pasado año se quedó en 531.000, pese a que la cuota regional asignada estaba en 605.000 toneladas. Asturias pierde vacas, pierde explotaciones y pierde cuota de mercado. Con el precio de la leche por debajo de los 0,30 céntimos el litro, las posibilidades de estabilizar el sector son inexistentes. La idea de que la industria nacional comprará materia prima en el extranjero para elaborar productos (quesos, yogures, leches enriquecidas) en España resulta antieconómica ante la oferta de productos terminados de las multinacionales europeas. Por eso, los intereses de los ganaderos y la industria española resultan coincidentes. La industria necesita de la supervivencia de las explotaciones ganaderas y éstas viven de precios razonables y protección comunitaria. <strong> Las ayudas </strong> El futuro del sector lácteo está ligado a la reorientación de la Política Agraria Común (PAC). Para empezar hay que decir que España recibe más dinero de la PAC que de los fondos estructurales. Por cada euro que da el Ministerio de Agricultura al campo, la PAC entrega cuatro. Somos el segundo país que recibe más fondos agrícolas. Los países enemigos de la PAC van a atacar por dos lados: reducir el presupuesto dedicado en la UE al capítulo agrícola (ahí chocarán con Francia) y buscar la desaparición de la política de pago único, que es clave para Asturias, porque garantiza un derecho de ayuda financiera con independencia de la leche que se produzca. Esa política debería reestructurarse para que dejasen de contar las extensiones de las explotaciones y ponderar otras variables, como la explotación de montaña. Es más importante dar la batalla en ese punto y ceder ante la exigencia de cofinanciación a los estados, para que asuman parte de las subvenciones que da la UE. El objetivo final de las subvenciones a las producciones, sean de carácter europeo o nacional, es que nuestro país cuente con un sector primario. Un objetivo estratégico irrenunciable en un mundo con demandas crecientes de alimentos, en el umbral de los 7.000 millones de habitantes. 0 2010-03-07T11:10:59+01:00 2010-03-07T11:09:00+01:00 53203792 convergencia-intereses 2010-03-07T11:10:59+01:00 11 1 2010-03-07T11:10:59+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Baltasar Garzón solicita al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que no le suspenda en sus funciones, tras aparecer en tres causas del Tribunal Supremo. El magistrado de la Audiencia Nacional pide que se inhiban en las deliberaciones tres miembros del CGPJ. Como prueba de su correcto proceder Baltasar Garzón argumenta que la Fiscalía no ve motivos para acusarle. El magistrado asegura que el PP trata de destruirle profesionalmente, por haberse atrevido a investigar la trama Gürtel. La figura de Baltasar Garzón sirve para constatar uno de los mayores males que sufre la Justicia, al haber penetrado la lucha partidaria en los tribunales. La identificación de las asociaciones judiciales con los principales partidos políticos y la compartimentación del CGPJ por cuotas partidarias diluyen las posibilidades de actuar con imparcialidad. Baltasar Garzón es el juez estrella, por antonomasia. Cuando la égida de Felipe González empezó a declinar por asuntos turbios, el magistrado Garzón no dudó en investigar las posibles corruptelas. Puede decirse que en aquella época, cuando muchos jueces miraban para otro lado, Garzón ejercía de defensor del pueblo. De forma sorprendente, Bono le sedujo para representar al socialismo en Las Cortes, y el prestigio de Garzón cayó por los suelos. Desengañado de la política (confiaba en ser ministro) Garzón volvió a vestir la toga. Uno de sus primeros trabajos consistió en romper el hermetismo del caso GAL, interrogando y metiendo en la cárcel a Julián Sancristóbal, ex director general de Seguridad, después de comprobar que su caligrafía coincidía con los trazos de una nota manuscrita de los GAL. A partir de ahí siguió su obra hasta rematar el organigrama de la banda terrorista con la famosa “X”. ¡La de problemas que se hubiera ahorrado González nombrándolo ministro! Ahora sería alcalde de Zaragoza. Con el mismo impulso abrió la investigación sobre la trama Gürtel. La instrucción judicial fue puntualmente retratada en la prensa. Las polémicas filtraciones, que nunca tienen autor. Luego llegó la controvertida causa de la Memoria Histórica, con altos prebostes del franquismo interrumpidos en el descanso eterno. Y ahora se abre ante Garzón la posibilidad de vivir una nueva experiencia, cambiando de silla en una vista oral. Aún está a tiempo Zapatero de nombrarlo ministro. 0 2010-03-06T09:42:51+01:00 2010-03-06T09:40:00+01:00 53203530 el-viaje-garzon 2010-03-06T09:42:51+01:00 11 1 2010-03-06T09:42:51+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Los socios del Gobierno, PSOE e IU, revisaron el cumplimiento del pacto. Los dos partidos se mostraron de acuerdo en la necesidad de mantener la alianza y en reforzar las políticas de creación de empleo y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. PSOE e IU dicen que la finalidad del Gobierno de coalición está en luchar contra la crisis económica, y ese objetivo continúa siendo una realidad, aunque reconocen el derecho a discrepar sobre cuestiones que no estaban en el programa del Gobierno, como la incineradora o el modo de homologación del Hospital de Arriondas en la red pública. Crear una comisión de seguimiento del pacto y realizar chequeos periódicos a la ejecución del programa de Gobierno es una condición impuesta por IU, que de esa manera busca una relación de igual a igual con el PSOE, aunque la correlación de fuerzas dentro del Ejecutivo (número de consejerías) y dentro de la Junta General del Principado (número de escaños) dista de ser paritaria. Creo que la necesidad de llevar a cabo políticas anticrisis no es la razón que llevó a formar el Gobierno de coalición. Con crisis y sin crisis, el pacto de los dos grupos de izquierda se hubiera realizado, porque estamos en un sistema de base parlamentaria y para cualquier gobierno la primera obligación consiste en hacer viable su acción política en el Parlamento. Dicho de otra manera: el PSOE, como grupo mayoritario de la Cámara, tenía que buscar una alianza que despejara el camino al Ejecutivo de Álvarez Areces. IU aceptó el acuerdo porque con cuatro diputados y un decreciente apoyo social, las perspectivas de hacer política entre dos grandes grupos (PSOE y PP) que le quintuplican en número de escaños eran muy poco halagüeñas. El pacto funciona en la medida que se pudieron aprobar los presupuestos de 2009 y 2010, dejando al PP marginado en la Cámara. La izquierda gobierna en la región, sin trabas y sin oposición, extendiendo su hegemonía por la mayoría de los ayuntamientos. Para tener un poder tan grande, no se entienden algunas dificultades, como las surgidas con la incineradora, con los informes de la Sindicatura de Cuentas o en torno al Hospital de Arriondas. Aunque cada caso descansa en razones concretas, hay un nexo común en todas esas controversias que tienen que ver con la dificultad de IU para romper con su cultura de oposición. El pasado condiciona el presente. 0 2010-03-05T08:06:32+01:00 2010-03-05T08:05:00+01:00 53203211 dos-socios-satisfechos 2010-03-05T08:06:32+01:00 11 1 2010-03-05T08:06:32+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Núñez Feijóo se deshace en elogios sobre Álvarez-Cascos, al que considera un excelente político y un buen gobernante, así como un gran defensor de los intereses asturianos en toda España. El presidente de la Xunta manifiesta que la candidatura del ex ministro de Fomento al Principado está en manos del propio Álvarez-Cascos y de la dirección asturiana del PP. Da la risa observar el comedimiento de los políticos hablando de candidatos. Los socialistas, que son más disciplinados, no se permiten el menor traspié, no vaya a ser que por culpa de las prisas salga borrosa la foto en el pasquín electoral. Al escribir estas últimas palabras no hago otra cosa que evocar la legendaria frase del otrora todopoderoso Alfonso Guerra: “el que se mueve no sale en la foto”. Los populares tienen más cultura de individuo que de grupo y gozan de un mayor margen para permitirse licencias, pero al hablar de candidatos se pierden en circunloquios, como le ocurrió a Núñez Feijóo (“excelente político, buen gobernante”). Un rodeo para no decir quién debe ser el candidato. Esta regla general tiene una notable y destacada excepción en la persona de Esperanza Aguirre, que convierte sus pensamientos en discurso, en un ejercicio admirable de libertad personal, que le granjea muchos enemigos, pero que explica el hueco que se abre en la política española donde todo el mundo dice lo mismo. La presidenta madrileña propone un gobierno de coalición, PSOE-PP, cuando otros dirigentes del PP titubean si se salen del guión de críticas y chanzas sobre el Gobierno de Zapatero. Esperanza Aguirre ha dicho que para Asturias, para el PP y para España sería una magnífica noticia la vuelta de Álvarez-Cascos a la política, y que lograría con facilidad la presidencia del Principado. Puede equivocarse la presidenta madrileña, pero no cabe duda de que habla sin pelos en la lengua, sin sentirse amordazada por los plazos burocráticos puestos por la dirección del partido para elegir candidatos, y sin perderse en laberintos estatutarios sobre la capacidad de decisión de la dirección regional del PP. Como es una política de raza, aprovecha la dimensión asturiana de Álvarez-Cascos para lanzar un mensaje a toda la organización: con la vuelta de Cascos gana el PP nacional. Esa forma directa de hacer política es mucho más eficaz que la suma de silencios y obviedades. 1 2010-03-04T08:11:53+01:00 2010-03-04T08:11:00+01:00 53202662 2010-03-04T14:50:03+01:00 aguirre-avala-cascos 2010-03-04T08:11:53+01:00 11 1 2010-03-04T14:50:03+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Dolores de Cospedal asegura que Álvarez-Cascos volverá a la política si ése es su deseo. La secretaria general del PP manifiesta tener una gran opinión del político asturiano, en sus distintas facetas, como dirigente orgánico, vicepresidente y ministro de Fomento. De manera simultánea, fuentes de la dirección del PP nacional dicen que no se plantean la posibilidad de la vuelta a la política de Álvarez-Cascos porque buscan una cara nueva, que trasmita el mensaje de la renovación. Creo que no está entre los poderes de Dolores de Cospedal nombrar al candidato asturiano del PP. La dirigente castellano-manchega todavía no manda tanto en el PP como lo hacía Álvarez-Cascos cuando era secretario general del partido (“general secretario”). Puede poner trabas a la designación o alentarla, pero la verdadera decisión está en dos ámbitos: la dirección asturiana del PP y Mariano Rajoy. El equipo de Ovidio Sánchez se ha mostrado encantado de contar con el político gijonés, y el hombre fuerte de la organización, Gabino de Lorenzo, también ha respondido de forma entusiasta ante la hipótesis del retorno de Álvarez-Cascos. Un tercio del grupo parlamentario popular en la Junta General del Principado pide que sea el dirigente gijonés el candidato a presidir el Principado, y en la misma línea se han manifestado varios responsables municipales. Y lo más importante: nadie ha levantado la voz en contra ni se ha ofrecido como candidato alternativo. A partir de estas premisas, hay que descartar que Mariano Rajoy vaya a oponerse a la candidatura de Álvarez-Cascos. El presidente del PP sabe que a la Moncloa se llega a partir de un triunfo en los comicios autonómicos y municipales, y para ello nada más útil que contar con candidatos que aporten un plus electoral a la marca del partido. En Asturias, ese papel sólo se lo garantiza Álvarez-Cascos a la derecha. Las fuentes de la dirección nacional, que de forma anónima, hablan de renovación y cambio, tienen más que ver con dificultades personales para cohabitar con el dirigente gijonés, que con una estrategia alternativa. La única manera de impedir la llegada del ex ministro consistía en postularse para el cargo cuando la plaza del candidato estaba desierta. Nadie aprovechó esa oportunidad y ahora las bases de la derecha están ilusionadas con Álvarez-Cascos. Una mera cuestión de tiempo. 1 2010-03-03T19:12:02+01:00 2010-03-03T19:11:00+01:00 53202428 2010-03-03T23:12:36+01:00 fuentes-del-pp-y-cospedal 2010-03-03T19:12:02+01:00 11 1 2010-03-03T23:12:36+01:00