80.37.254.215 124513 160686 Los portavoces de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP e IU) rechazan la posibilidad de sancionar a los ayuntamientos que no presenten la documentación financiero-contable requerida por la Sindicatura de Cuentas. Si tomaran medidas punitivas contra los consistorios habría crisis internas en los tres partidos, porque en sus órganos de dirección toman asiento alcaldes y dirigentes municipales que no aceptarían que sus compañeros con cargos regionales les pusieran multas. Entre reforzar la autoridad de la Sindicatura de Cuentas con medidas coactivas o ponerse del lado de los alcaldes, los aparatos de los partidos no dudan que su sitio está junto a los regidores. Jesús Iglesias, portavoz de IU, dice que hay analizar cada caso, porque hay ayuntamientos pequeños que atraviesan dificultades. Sin embargo, a la hora de sancionar es más fácil que los partidos se atrevieran con un municipio pequeño que con uno de los grandes de la región. El razonamiento más simpático es el que realiza Cuervas-Mons, cuando asegura que no se puede comparar el incumplimiento de los ayuntamientos con el de las empresas públicas del Principado. Para un auditor se trata de casuísticas semejantes, pero para la estrategia opositora del PP hay diferencias cualitativas, porque una cosa es cargar contra el Gobierno de Álvarez Areces y otra muy diferente poner en la picota a algún ayuntamiento gobernado por el PP que lleva años sin presentar papeles. En efecto, se trata de diferencias políticas muy notables. Los gobiernos regionales permiten que los ayuntamientos gestionen y financien competencias que son de responsabilidad autonómica, así que no están en condiciones de sancionarles por falta de diligencia a la hora de tramitar las cuentas. Según los alcaldes, el 30% del presupuesto municipal se gasta en tareas que no les corresponden, de modo que las instituciones autonómicas tienen una deuda moral y material con ellos. Si los estados no son sancionados en la Unión Europea por incumplir los compromisos de estabilidad presupuestaria ni las comunidades autónomas son penalizadas por el Gobierno central por endeudarse más allá de lo permitido, sería el colmo que los ayuntamientos fueran multados por el Principado, cuando actúan como empresas que subcontratan servicios regionales por cero euros. Lo siento por la Sindicatura. 0 2010-02-09T08:11:12+01:00 2010-02-09T08:10:00+01:00 53195206 la-retorica-la-multa 2010-02-09T08:11:12+01:00 11 1 2010-02-09T08:11:12+01:00 80.37.254.215 124513 160686 En otras regiones, como Cataluña, Galicia y Andalucía, se aplican medidas sancionadoras sobre los ayuntamientos cuando no presentan sus cuentas en tiempo y forma. La Sindicatura de Cuentas de Asturias está preocupada por la escasa rendición de cuentas de los consistorios, ya que sólo cuatro corporaciones locales cumplen con los plazos. Cabe recordar que entre las principales corporaciones sólo la de Gijón sigue escrupulosamente las normas, mientras que algunos consistorios llevan desde el año 2005 sin entregar un papel. Hay varias razones que explican la falta de celo de los ayuntamientos asturianos para cumplir con los requisitos financiero-contables. La escasa dotación de medios técnicos y la ausencia de personal cualificado dificultan el cumplimiento de pesadas y complejas labores burocráticas. En este sentido cabe hacer notar que son los ayuntamientos pequeños, en líneas generales, los más descuidados. La conciencia que tienen alcaldes y concejales de atender a muchas más tareas de las que les corresponden ayuda a dejar pasar los plazos y olvidarse de las obligaciones legales. La falta de jerarquía de las instituciones autonómicas, un déficit particular de Asturias, también hace que los alcaldes no teman las posibles sanciones. El localismo está en el fondo de esta problemática. A todo ello hay que añadir el ninguneo de la Sindicatura de Cuentas, una institución que sus principales responsables se han encargado de poner en el ojo del huracán del debate político, en vez de velar por su imagen. A estas alturas cualquier alcalde se atrevería a criticar a la Sindicatura de Cuentas. Reparar el prestigio dañado llevará tiempo. Las comunidades autónomas tienen una especial dificultad para erigirse en fiscalizadoras de los ayuntamientos, cuando ellas son las primeras que se saltan los compromisos económicos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobrepasan las líneas rojas del gasto y de la deuda, con el convencimiento de que el Gobierno central mirará para otro lado, temeroso de abrir un conflicto político. En materia de cuentas, lo único serio y creíble es el Estado, al igual que los órganos del mismo, bien sea el Consejo de Estado, como órgano de asesoramiento jurídico, o el Tribunal de Cuentas, como órgano de fiscalización económica, tienen una solidez probada. 0 2010-02-08T08:06:05+01:00 2010-02-08T08:05:00+01:00 53194746 la-viga-el-ojo-ajeno 2010-02-08T08:06:05+01:00 11 1 2010-02-08T08:06:05+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Acabado el experimento de expandir las cuentas públicas mucho más allá de lo que permitían sus ingresos, la consigna son los recortes para mantener la etiqueta de “país serio”, como reivindicó Zapatero en el Foro de Davos. El primero que va a dar ejemplo es el Gobierno central, pero los mayores recortes en los próximos años tocarán a las comunidades autónomas. Practicar una política de radical austeridad a partir del actual sistema de distribución territorial del poder es un objetivo de incierto cumplimiento, pero es el guión que hay sobre la mesa para ganar credibilidad internacional y evitar la bancarrota. Las comunidades autónomas son las administraciones del gasto. En los ingresos nunca repararon mucho, porque el Gobierno central fue su principal agente recaudador. Su vocación es gastar. En el año 2009 tenían permiso para endeudarse en un 1,5% del PIB y lo acabaron haciendo en un 2,2%. Para el 2010 la autorización alcanza al 2,5% del PIB y ya hubo cuatro gobiernos que planificaron un endeudamiento más abultado, y seis gobiernos, el asturiano entre ellos, que aprobaron un incremento del gasto en vez de recortarlo. Como los niños pequeños, los gobiernos regionales no quieren conocer la realidad o fingen no verla. El ejemplo más claro son las interpretaciones del Principado ante el recorte planteado por el Gobierno central a las partidas del Ministerio de Fomento. La opinión oficial es que apenas afectarán a las inversiones en infraestructuras asturianas porque se trata de obras ya en marcha, que tienen compromisos empresariales. Veamos. <strong> Infraestructuras</strong> El Ministerio de Fomento concentra la mitad de la disminución del gasto del Estado. Para el año en curso, la previsión es recortar moderadamente el gasto de los ministerios en 3.500 millones, tocando 1.750 millones al Ministerio de Fomento. Pero para los tres siguientes ejercicios el recorte gubernamental alcanzará los 35.000 millones, entre gasto corriente e inversiones, debiendo el ministro José Blanco disminuir en más de 17.000 millones las asignaciones comprometidas. ¿De esos recortes quedarán las obras públicas asturianas excluidas? ¿No es más realista pensar que se ralentizará el ritmo de construcción de las infraestructuras? Otro ejemplo de minoría de edad. Los ayuntamientos asturianos esperan mantener el ritmo de inversiones gracias al Plan A del Principado, y también van a licitar alegremente las actuaciones acogidas al Fondo de Estímulo de la Economía y el Empleo, financiado por el Gobierno central. Es hora de preguntarse si son rentables las inversiones comprometidas en estos programas. El pasado año se llevó adelante el Plan E, gracias a los 8.000 millones del Fondo de Inversión Local. Ahora ya se sabe que el Plan E aportó un 0,7% al PIB, tras haber detraído previamente un 0,8% de la riqueza nacional. Un chollo. Como definió Antxon Pérez Calleja: “uno de los ejemplos más nefastos de Keynesianismo castizo”. En los últimos diez días, el Gobierno central ha cambiado de perspectiva, recomponiendo los Presupuestos Generales del Estado y planteando un Plan de Estabilidad a Bruselas, que recoge supuestos antes no contemplados, como que el PIB en este año vuelva a contraerse un 0,8%. La lucha contra el paro se deja en manos de la reforma laboral, mientras que las cuentas del Estado se concentrarán en reducir el déficit. Por ahora, los gobiernos autonómicos no se dan por enterados, pero en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera les van a leer la cartilla. El camino de la reducción del déficit es doloroso y de muy difícil cumplimiento. El precedente de lo ocurrido en la crisis de 1993 nos sirve de guía, cuando el déficit creció hasta el 7% del PIB y tardó siete años en quedar por debajo del 3%. Ahora se pretender pasar del actual 11,4% al 3% en 2013. ¿A qué escenario estamos abocados? <strong> Depuración</strong> Hay algunos asuntos que exigen una reflexión lúcida. Como se va de cabeza hacia una depuración de las cuentas de las Administraciones, los gobiernos regionales deben concentrarse en hacer posible la financiación de los servicios públicos transferidos. Gestionar la Sanidad y la Educación, así como la red de Servicios Sociales, ya es tarea más que suficiente. Las comunidades autónomas tiene que darse de baja de otras obligaciones, como la de construir autovías. Puede ser muy interesante unir por doble calzada Avilés con el corredor del Nalón, pero ante un plan de estabilización, como el que está dibujado, es mucho más eficiente dedicar el escaso sobrante a financiar mejor la investigación universitaria que a hacer más surcos sobre el mapa. Hay otros recortes dolorosos que precisan de un acuerdo entre administraciones y partidos mayoritarios. Me refiero a la Ley de Dependencia, lanzada por el ministro Jesús Caldera, en un momento que España creaba el 40% del empleo de la eurozona. Las prioridades sociales tienen que ser las pensiones y el desempleo. Ni el Gobierno ni el Principado están en condiciones de pagar miles de sueldos (entre 300 y 500 euros) a las personas que cuidan a sus padres. En una época de pleno empleo es posible y acertado ensanchar el Estado del Bienestar, pero ahora toca garantizarlo, manteniendo las prestaciones sociales tal como estaban hace cuatro años. Por no hablar de la costosa y baldía política de la vivienda, cuando hay 1,5 millones de pisos en stock sin vender. Ya va siendo hora de que un líder político se ponga delante de los micrófonos y diga algo que recuerde a Churchill. 0 2010-02-07T10:51:31+01:00 2010-02-07T10:50:00+01:00 53194376 epoca-recortes 2010-02-07T10:51:31+01:00 11 1 2010-02-07T10:51:31+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Cuervas-Mons ha dado una rueda de prensa para cargar contra González Marroquín, director del Idepa y bestia negra de los parlamentarios del PP. El grupo que dirige Ovidio Sánchez prefiere fiscalizar y criticar la gestión de las empresas públicas y organismos autónomos que hacerlo con la actuación de los consejeros del Gobierno regional. Unos y otros están bajo la férula de Álvarez Areces, pero centrar toda la atención en las empresas públicas es renunciar al núcleo central del Ejecutivo, limitándose a zaherir lo que hacen una serie de ejecutivos o altos funcionarios que resultan muy desconocidos para el ciudadano y no comparecen ante las urnas. En el caso de González Marroquín, el PP hizo casus belli de su sueldo, llevando repetidamente la nómina del director del Idepa al pleno de la Junta General del Principado. En esta ocasión, Cuervas Mons sacó a relucir un informe de asesoramiento jurídico externo, encargado por el Idepa, para contestar a las alegaciones de la Sindicatura de Cuentas. El diputado del PP criticó el gasto de 12.000 euros en un dictamen que concluye con un alegato contra la síndica del PP, las filtraciones a la prensa de la Sindicatura, y la carencia de interés de un organismo que hace las mismas las cosas que el Tribunal de Cuentas. En su intervención, Cuervas-Mons volvió a pedir el cese o dimisión de González Marroquín. Cualquier día los parlamentarios del PP parafrasearán a Aznar: “váyase señor González Marroquín”. El recurso a los servicios jurídicos externos es una forma de actuar habitual en todas las administraciones. Bien es cierto que dice muy poco de los juristas que tienen la condición de funcionarios, pero se procede así en todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. Cuervas-Mons, que fue un destacado concejal ovetense, recordará muy bien el elevado gasto del consistorio carbayón en abogados. Es muy libre el diputado del PP de rasgarse las vestiduras por una factura de dos millones de pesetas derivada de la contratación de un profesional cualificado. El carácter prescindible de la Sindicatura, las filtraciones a los medios y el déficit de conocimientos financiero-contables de algún síndico/a constituyen argumentos irrebatibles. Es difícil de entender la estrategia parlamentaria del PP, al tratar a González Marroquín como si fuese un potencial competidor en las urnas. 1 2010-02-06T09:12:57+01:00 2010-02-06T09:12:00+01:00 53194011 2010-02-06T17:57:00+01:00 obsesion-del-pp 2010-02-06T09:12:57+01:00 11 1 2010-02-06T17:57:00+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Javier Fernández ha tomado una decisión sobre la candidatura socialista al Principado en las próximas elecciones, habiendo notificado a la Ejecutiva federal su voluntad. De los líderes políticos siempre se dice que trabajan con un horizonte temporal reducido, mientras que la economía, la educación o la sanidad necesitan estrategias a medio o largo plazo. No se suele destacar, sin embargo, que no hay dirigente político sin plan, aunque todos ellos estén circunscritos al corto plazo. Zapatero dice que no tomó una decisión sobre el futuro, Javier Fernández no hace pública su decisión y el presidente Areces tiene declarado alguna vez, con faz sonriente, que sus planes eran el secreto mejor guardado de Europa. Tres formas de responder para atenerse a la ortodoxia socialista: la hoja de ruta la marcan los órganos del partido, diciendo cuándo toca hablar de candidaturas y cuándo está vedada la discusión. Al PSOE hay que reconocerle que es una organización seria, entendiendo por ello un partido que no cambia de parecer cada semana y capaz de amortiguar las tensiones internas de forma que no afloren hacia el exterior en forma de crisis de partido. Los socialistas son muy libres de actuar según sus códigos internos: fijar plazos, guardar silencio y poner cara de póquer en las ruedas de prensa. Ahora bien, la sociedad también tiene sus preocupaciones y ganas de saber, que no coinciden en el tiempo con el calendario del aparato socialista. El PSOE gobierna en España y Asturias, y de un partido de gobierno la gente quiere tener más información que de un grupo opositor. Los socialistas están en su derecho de ser herméticos, pero por esa vía no van a resolver los interrogantes de la sociedad. Las preguntas sin respuesta están condenadas a repetirse. Los últimos diez años del Partido Socialista en Asturias han sido los más estables de la etapa autonómica, con un fuerte liderazgo interno (Javier Fernández) en sintonía con el liderazgo institucional (Álvarez Areces). Un modelo único en las 17 comunidades autónomas. Alargar la decisión oficial sobre la cabeza de la candidatura autonómica conlleva una dificultad añadida: resolver los retos del Gobierno, como el pavoroso desempleo o la polémica sobre la incineradora, sin que se traduzca en problemas o disensiones internas. La sociedad quiere saber y los socialistas sienten la presión. 0 2010-02-05T08:07:09+01:00 2010-02-05T08:06:00+01:00 53193648 los-codigos-socialistas 2010-02-05T08:07:09+01:00 11 1 2010-02-05T08:07:09+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Ante la posibilidad de inaugurar un periodo largo de restricciones presupuestarias, el presidente Areces plantea que las infraestructuras del futuro deberán construirse por el método de peajes en la sombra, de forma que las empresas adelanten el dinero para hacer las obras, para luego rescatarlo con un beneficio según los automóviles que utilicen la autovía o carretera correspondiente. Por ese método se ha desdoblado la antigua carretera que unía Gijón y Oviedo. El peaje en la sombra puede dar paso a peajes mixtos, de forma que las empresas reciban un canon fijo todos los años, que será incrementado por un porcentaje en función de los coches que transiten por la vía. Esa es la fórmula escogida para financiar la construcción de la AS-III, y para construir los accesos a la Zalia. La reflexión de Álvarez Areces parte de un principio realista: el fin de los opulentos presupuestos públicos, basados en una creciente recaudación fiscal. Si la actual recesión económica fuera un episodio pasajero bastaría con esperar el fin de las inclemencias financieras para hacer inventario de desperfectos y seguir con las pautas y métodos de trabajo de antes de la recesión. Nada indica que la actual crisis se reduzca a un periodo corto, y todos los diagnósticos aconsejan facilitar el cambio de modelo productivo. La Administración también tiene que acostumbrarse a funcionar con otros paradigmas, por eso la hipótesis de presupuestos públicos restrictivos, como elemento estructural del nuevo orden económico, es plausible. La colaboración de las empresas para financiar las infraestructuras es una vía a explorar. La fórmula de los peajes en la sombra es factible si los bancos colaboran con las empresas, ya que las constructoras no tienen un stock de capital para invertir. El comentario puede parecer una obviedad, pero no lo es porque el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte conlleva 246.000 millones de euros de inversión, y aunque sólo hubiera que movilizar una décima parte de esos recursos, no sería fácil hacerlo. De muestra vale un botón: el ministro José Blanco lleva meses negociando la financiación de 15.000 millones de euros con empresas y bancos y no ha logrado cerrar el acuerdo. Queda por considerar la fórmula de autovías de peaje, un modelo que discrimina entre ricos y pobres. Como pasa con los AVE. 1 2010-02-04T08:09:11+01:00 2010-02-04T08:08:00+01:00 53193289 2010-02-04T14:58:50+01:00 la-sombra-del-peaje 2010-02-04T08:09:11+01:00 11 1 2010-02-04T14:58:50+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Álvarez Areces asegura que el recorte de inversiones del Ministerio de Fomento no afectará a ninguna de las grandes obras asturianas porque han sido contratadas por empresas privadas y cuentan con un calendario de ejecución. El presidente asturiano confía que no se anule ninguna actuación de las previstas para nuestra región, aunque alguna de las infraestructuras que no se han iniciado puede ser reconducida. ¿Qué decir de todo esto? Estamos en los prolegómenos del recorte de inversiones y ni los propios ministros saben qué cosas se mantienen en el presupuesto y cuáles se convertirán en papel mojado. Zapatero cambió el guión, de repente, y en cuanto vio que en las instituciones internacionales se empezaba a dudar de la solidez económica de España tomó dos decisiones: desmontar los Presupuestos Generales del Estado y elevar la edad de jubilación a los 67 años. A José Blanco le viene impuesto el recorte, cuando pensaba cubrirse de gloria a cuenta de un plan extraordinario de inversiones con participación del Banco Europeo de Inversiones (BCE), el Instituto Oficial de Crédito (ICO) y la banca privada. Hasta ahora, al ministro de Fomento le ha dado tiempo para fijar una prioridad –la construcción de las líneas de alta velocidad- y mandar un mensaje de tranquilidad a todas las comunidades autónomas, diciendo que todos los proyectos siguen en pie. Si las grandes obras se mantuvieran el recorte sería mínimo, y el objetivo del Gobierno es ahorrar 50.000 millones de euros en tres años. En ese plan de ahorro, el gasto corriente (dietas, papel, transporte) debe reducirse en 8.000 millones, mientras que la mayor parte del ajuste recaerá en las inversiones, terreno en el que destaca el Ministerio de Fomento. En Asturias hay una especial obsesión con las infraestructuras de transporte, hasta el punto de creer que la medicina contra el paro son las autovías y los trenes de alta velocidad. A partir de esa premisa, el recorte de inversiones del Gobierno supone un caramelo para el PP, que probablemente abandone la denuncia de los chiringuitos para concentrarse en los retrasos de las obras, tema clásico donde los haya en la política asturiana. A los socialistas les tocará la tarea contraria, así que vamos hacia un debate viciado, donde los intereses del corto plazo, ligados a las urnas, impedirán una visión de conjunto. 0 2010-02-03T08:03:45+01:00 2010-02-03T08:02:00+01:00 53192881 obras-y-urnas 2010-02-03T08:03:45+01:00 11 1 2010-02-03T08:03:45+01:00 80.37.254.215 124513 160686 El ministro de Fomento, José Blanco, asegura que la construcción de las líneas de alta velocidad será la gran prioridad del Gobierno, ante el obligado recorte de las inversiones. Por su parte, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, y Jesús Gutiérrez, número dos de la FSA, afirman que las infraestructuras en ejecución se desarrollarán normalmente. La actuación más importante de todas las que se realizan en Asturias es la línea de AVE entre Madrid y Gijón. La autovía del Cantábrico no tiene menor interés, pero como está tan avanzada no peligra su finalización. Lo mismo cabe decir de la ampliación de El Musel, que concluirá a finales del presente año. La preferencia ministerial por la alta velocidad favorece los intereses asturianos, porque aunque las inversiones realizadas en los túneles de Pajares fueron enormes, queda otro tanto por invertir en el trazado de la línea de Lena a Gijón. Si las palabras de José Blanco y las afirmaciones de Trevín y Gutiérrez se cumplieran, podríamos dormir tranquilos, porque en una época de ajustes presupuestarios extraordinarios (50.000 millones de euros en tres años) las grandes infraestructuras asturianas seguirían avanzando con normalidad. De hacer caso a los dirigentes socialistas, sólo el tercer carril de la autopista Y, la vía de La Espina a Ponferrada y los túneles de El Fito quedarían descartados. Me inclino a pensar que no será eso lo que va a suceder. El sentido común dice lo contrario. Si en toda España se sitúa a la alta velocidad como prioridad absoluta y se mantiene el ritmo de ejecución en las infraestructuras que se están construyendo, la mayor parte del presupuesto de Fomento quedaría libre de recortes. Aquí, en Asturias, no nos enteraríamos, porque la autopista Y tiene en la AS-II un complemento perfecto, que sigue infrautilizado, el túnel del Fito sólo está en la imaginación de los redactores del programa electoral socialista, y la vía de La Espina a Ponferrada puede esperar tres o cuatro décadas porque no pasan por ese trayecto ni 2.000 coches al día. De tanto hablar, retóricamente, de sacrificios y esfuerzos colectivos, nos acabamos engañando, como si los recortes del Gobierno no fueran con nosotros. La contención del déficit público es incompatible con el mantenimiento del ritmo de inversión en infraestructuras, en unos meses se verá más claro. 0 2010-02-02T08:04:55+01:00 2010-02-02T08:04:00+01:00 53192492 optimismo-oficial 2010-02-02T08:04:55+01:00 11 1 2010-02-02T08:04:55+01:00 80.37.254.215 124513 160686 Aunque no lo reconozca, el Gobierno central acaba de rehacer los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, con el objeto de hacer frente al pavoroso déficit público, que en el pasado ejercicio acabó situado en el 11,4% del PIB. Una de las vías para ajustar las cuentas pasa por el recorte profundo de las inversiones planificadas en las infraestructuras de transporte. La política de la restricción en las partidas afectará a Asturias lo mismo que al resto de las comunidades autónomas. Ante el recorte inversor, el Principado pretende argüir que nuestra región sufre un déficit histórico en comunicaciones, para minimizar la cuantía del ajuste. IU considera un escándalo el bajonazo que se va a aplicar en las partidas destinadas a infraestructuras, sobre todo si se realiza en regiones que tienen un retraso en autovías y líneas de tren de alta velocidad. Por su parte, la Fade asegura que el recorte debe empezar por los proyectos que afectan a las comunidades autónomas que tiene un buen nivel de infraestructuras. Es loable la postura de partidos y agentes sociales para proteger el desarrollo de las infraestructuras asturianas de un nuevo retraso. Dudo que las buenas intenciones sirvan para algo. El Gobierno va a aplicar un plan de emergencia, que conlleva reasignaciones a la baja en todo tipo de partidas presupuestarias, aunque en algunas materias las cuantías se mantengan oficialmente. Por ejemplo, no creo que el gasto en la aplicación de la Ley de Dependencia se ejecute en la misma medida que estaba previsto; si en el año 2009 fue bajo, en el actual ejercicio será proporcionalmente menor. La fuerte inversión en infraestructuras, un arma que blandía José Blanco para aparecer como un ministro de Fomento distinto, va a descender sin remedio. Las consideraciones de los representantes asturianos no harán mella en el Gobierno, porque toda la política sectorial queda irremisiblemente revisada a la baja en pos de aliviar el cuadro macroeconómico del Estado. El desfase entre gastos e ingresos es grande, pero la cosa puede ponerse mucho más fea si el Gobierno no hace gestos enérgicos. A corto plazo está en juego la credibilidad de España en los mercados internacionales, algo que se paga muy caro, en forma de penalización de intereses de deuda, si el Gobierno flojea y no logra embridar el gasto. No nos hagamos ilusiones. 0 2010-02-01T08:04:58+01:00 2010-02-01T08:03:00+01:00 53192057 las-obras-se-estancan 2010-02-01T08:04:58+01:00 11 1 2010-02-01T08:04:58+01:00 80.37.254.215 124513 160686 La propuesta de elevar la edad de jubilación a los 67 años la realizó Zapatero, por sorpresa, pensando en los retos de la semana: la comparecencia en el Foro de Davos y la publicación del peor dato para la economía española desde que empezó la crisis, el 11,4% de déficit público. El presidente presume de conducir con luces largas, pero su política se ilumina con luces de situación. Cualquier modificación legal sobre el régimen de pensiones debe debatirse en el marco del Pacto de Toledo, y Zapatero realizó el anuncio de forma unilateral, con desconocimiento de sindicatos, empresarios, partidos de la oposición y miembros del Gobierno, ministro de Trabajo incluido. Una original forma de predicar la suma de esfuerzos. Una vez criticada la manera de hacer la propuesta entremos en el fondo del asunto. Las primeras reacciones de partidos y agentes sociales han sido decepcionantes, al descalificar rotundamente la iniciativa. Particularmente llamativa la respuesta del PP, hablando de “recorte de derechos”, confundiendo su mensaje con el de Comisiones Obreras. Para empezar digamos que en los principales países de la UE se discute sobre elevar la edad de jubilación, porque en Francia rige el tope de los 60 años, puesto por Mitterrand en los locos años ochenta, y en Alemania un tercio de los trabajadores se jubila antes de los 65 años. En Inglaterra, la oposición quiere acelerar la propuesta de elevar la edad de jubilación a los 67 años, realizada por Tony Blair. Lo que propone Zapatero coincide con los planes de los gobiernos europeos. <strong> Los datos</strong> En materia de pensiones resulta imposible elaborar discursos políticos sin tener en cuenta los datos técnicos. En las últimas tres décadas hemos pasado en España de tres millones de pensionistas a cerca de nueve millones, mientras que la población activa sólo se duplicó. En los últimos cinco años, el gasto en pensiones se incrementó en cerca del 50%. Todo ello habla de los efectos del envejecimiento de la población y el insuficiente relevo generacional. En otros países europeos también está presente el fenómeno del envejecimiento, pero sus sistemas de pensiones descansan en otros cimientos. Veamos algunos rasgos diferenciadores. En Suecia, Hungría, Polonia y Eslovaquia, el cien por cien de la mano de obra tiene suscrito un sistema complementario de pensiones. En Italia, Alemania, Portugal y Finlandia, la pensión tiene que ver con la esperanza de vida, al dividir la contribución aportada por el número de años previsto como estándar. En algunos países, como Francia, para gozar de una pensión contributiva hay que haber cotizado un mínimo de 25 años. En todos los países miembros de la UE, la pensión se calcula en función de la contribución realizada a lo largo de toda la vida laboral. Digamos que, en líneas generales, el actual sistema español exige menos sacrificios o es más benigno para el titular de la pensión. Hay dos realidades que conducen a alargar la vida laboral. Cuando se generalizó el sistema de pensiones, la esperanza de vida del pensionista era de cinco años y actualmente es de diecisiete. A esto añadamos que en España la edad media en que se termina la vida laboral está situada en los 63,5 años. Hace cuatro décadas, muchos jóvenes trabajaban antes de los 20 años y ahora la mayoría no lo hace hasta después de los 25. <strong> Prejubilaciones</strong> Si el objetivo básico es alargar la vida laboral del trabajador, lo primero que se debe hacer es acabar con el vergonzoso sistema de las prejubilaciones, una práctica laboral muy seguida en Asturias, cuando en los años ochenta del siglo pasado se puso en boga un sistema revolucionario para detener el paro: retirar a los trabajadores del mercado de trabajo. Ni los profesores se pueden jubilar a los 60 años ni los siderúrgicos y bancarios a los cincuenta y pocos ni los mineros a los cuarenta y poquísimos ni los trabajadores de las grandes empresas cuando le venga en gana al centro de la multinacional. Resulta descorazonador ver que, recientemente, la Universidad de Oviedo y la Consejería de Salud ofertan o fuerzan a destacados profesionales a irse a su casa por motivo de edad. Una operación que se sufraga con el dinero del contribuyente. La vieja idea sindical de retirar pronto para dar una oportunidad a los jóvenes está basada en dos equívocos. Económicamente, la propuesta es ruinosa para el sistema, porque la productividad de un trabajador se la comen dos sueldos –el activo, más la pensión del prematuro pasivo- y funcionalmente es falsa. La idea del relevo sólo vale para un mercado de trabajo de peones, pero a un trabajador cualificado no lo sustituye un joven sin experiencia. Un médico o un profesor sénior están en condiciones de rendir más que nunca aportando su caudal de conocimiento. Sólo en los sectores poco competitivos se pueden permitir el lujo de retirar a los que más saben. Zapatero propone elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años. Una medida en la dirección correcta. Cada año que se retrasa la jubilación, la caja de la Seguridad Social gana 8.240 millones de euros, una cantidad insuficiente para hacer frente al creciente gasto en pensiones (recuerden: en los últimos cinco años casi el 50%). Ante un escenario prolongado de crisis económica, será preciso ahondar en la dirección propuesta. Puestos a hacer sacrificios, mejor trabajar que sufrir un recorte drástico en la cuantía de las pensiones. 2 2010-01-31T11:42:03+01:00 2010-01-31T11:40:00+01:00 53191678 2010-02-01T22:58:10+01:00 las-pensiones-necesitan-trabajo 2010-01-31T11:42:03+01:00 11 1 2010-02-01T22:58:10+01:00